Por Tomás Zapata Bosch
Las lluvias de los últimos días en San Francisco de Campeche y Ciudad del Carmen han vuelto a exhibir una realidad que las autoridades conocen desde hace muchos años, pero que ninguna administración ha conseguido resolver integralmente: nuestras ciudades han crecido, en demasiadas ocasiones, sin respetar la naturaleza del terreno, sus escurrimientos, sus zonas de absorción y sus condiciones hidrológicas. Lo que hoy contemplamos en calles convertidas en ríos, colonias anegadas y carreteras parcialmente destruidas no es solamente el resultado de un fenómeno meteorológico. Es también la consecuencia acumulada de decisiones urbanísticas equivocadas, obras insuficientes, omisiones administrativas y una preocupante ausencia de planeación de largo plazo.
El temporal del 18 y 19 de octubre dejó escenas verdaderamente inquietantes. En la capital campechana, las precipitaciones provocaron acumulaciones importantes de agua en calles y avenidas, dificultando la circulación. En Ciudad del Carmen, el problema adquirió dimensiones adicionales por la combinación de lluvia, viento, oleaje y pleamar, que ocasionó la entrada del agua marina a diversas zonas bajas. La carretera federal 180, una de las principales vías de comunicación del estado, presentó erosión y desprendimientos de la superficie de rodamiento en las inmediaciones de Xicalango y el corredor hacia Atasta. No estamos hablando de una vialidad secundaria, sino de infraestructura estratégica para la comunicación regional, el transporte de mercancías y las actividades económicas vinculadas con la industria petrolera.
Sin embargo, la pregunta verdaderamente importante no es cuánto llovió, sino por qué nuestras ciudades se vuelven cada vez más vulnerables y por qué existen sectores donde las inundaciones parecen haberse agravado con el transcurso de los años. ¿Qué ocurrió con aquellos terrenos donde anteriormente el agua encontraba salidas naturales? ¿Qué consecuencias tuvieron los rellenos, las nuevas urbanizaciones, la pavimentación indiscriminada y las modificaciones de los niveles de calles y avenidas? ¿Cuántas construcciones fueron autorizadas sin estudiar sus efectos sobre las colonias vecinas? Son preguntas que deben responderse con estudios técnicos y con información pública, porque sus consecuencias las están pagando los ciudadanos.
San Francisco de Campeche tiene características geográficas que explican buena parte de su vulnerabilidad. Es una ciudad costera asentada entre elevaciones y terrenos bajos, donde el agua desciende naturalmente hacia el litoral. Históricamente, los escurrimientos encontraron salida a través de cauces y depresiones naturales como la antigua Ría de San Francisco, la Zanja de San Martín y el Canal de Samulá. Con el crecimiento de la mancha urbana fue necesario incorporar otras estructuras de drenaje. El problema aparece cuando la urbanización modifica los recorridos del agua, impermeabiliza superficies que anteriormente permitían su infiltración o incrementa el volumen de escurrimientos sin ampliar proporcionalmente la infraestructura necesaria para conducirlos.
Durante décadas, Campeche extendió su superficie urbana mediante fraccionamientos, colonias populares, vialidades y desarrollos comerciales. Particularmente desde la segunda mitad del siglo pasado, la expansión de la ciudad transformó considerablemente su configuración original. Lo que antes eran terrenos abiertos, espacios de vegetación o superficies permeables pasó a convertirse en construcciones, estacionamientos y calles asfaltadas. Naturalmente, el agua que anteriormente podía infiltrarse en determinados lugares comenzó a desplazarse hacia otros. Esto permite comprender por qué una colonia que durante años no registraba problemas importantes puede comenzar a inundarse después de nuevas obras realizadas en sus alrededores. No significa necesariamente que allí esté lloviendo más: puede significar que ahora recibe agua procedente de superficies urbanizadas que antes funcionaban de otra manera.
Hay un dato que merece especial atención. El propio Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Campeche 2020-2040 reconoció que alrededor del 27 por ciento de las viviendas había resultado afectado por las inundaciones más intensas registradas durante la década anterior a su elaboración. El documento identificó áreas especialmente vulnerables, entre ellas la zona del aeropuerto, los fraccionamientos Insurgentes, Independencia, Presidentes de México, Villa Naranjos, Valle Dorado y Terranova, además de San Antonio Vivah y sectores de los tradicionales barrios de San José y San Román. También señaló problemas en áreas próximas a Imí y en otras zonas bajas. Es decir, los riesgos no son desconocidos ni surgieron ayer. Están identificados en los propios instrumentos oficiales de planeación.
Sería injusto afirmar que nunca se ha hecho nada. Durante diferentes administraciones se realizaron obras de drenaje pluvial, canales, pozos de absorción y proyectos de gran magnitud, entre ellos el denominado megadrenaje de Campeche. Algunas de esas intervenciones contribuyeron a mejorar las condiciones de determinados sectores. Pero construir infraestructura no significa resolver definitivamente el problema si, simultáneamente, la ciudad continúa creciendo sin controles suficientes, si las instalaciones carecen de mantenimiento oportuno o si las nuevas obras modifican los escurrimientos originales. La eficacia de un sistema pluvial debe medirse por sus resultados en condiciones reales, no por el monto de la inversión ni por la espectacularidad de su inauguración.
Ciudad del Carmen representa otro caso profundamente preocupante. Su condición insular y su relación con la Laguna de Términos la convierten en un territorio de enorme riqueza ambiental, pero también de gran fragilidad. El crecimiento acelerado impulsado por la actividad petrolera modificó extensas superficies urbanas y ejerció una presión extraordinaria sobre manglares, humedales y terrenos bajos. Investigaciones académicas han documentado la ocupación y el relleno de zonas de manglar para establecer asentamientos humanos. La importancia de esos ecosistemas no es exclusivamente ecológica: los humedales contribuyen al almacenamiento temporal de agua y funcionan como amortiguadores naturales frente a determinados fenómenos costeros. Su deterioro reduce capacidades ambientales que ninguna obra de concreto puede sustituir completamente.
En Carmen existe, además, un factor que vuelve especialmente complejo el problema: el agua no siempre llega solamente del cielo. También puede ingresar desde el mar y las zonas lagunares. Cuando coinciden precipitaciones intensas, mareas elevadas y oleaje fuerte, las áreas bajas enfrentan dificultades adicionales para desalojar el agua. La situación se agrava cuando los sistemas de drenaje son insuficientes, las salidas quedan condicionadas por el nivel del mar o existen asentamientos en superficies naturalmente inundables. Por eso no basta con multiplicar los pozos, pavimentar las calles o elevarlas de manera aislada. Se necesita comprender el funcionamiento hidráulico de la isla en su conjunto.
Lo ocurrido con la carretera federal 180 exige un análisis todavía más severo. El desprendimiento de parte de su superficie y la erosión provocada por el oleaje constituyen señales que obligan a revisar la vulnerabilidad de toda esa infraestructura costera. Una carretera de semejante importancia debe contar con evaluaciones periódicas de estabilidad, protección de sus márgenes, estudios de erosión litoral y proyectos de adaptación frente a fenómenos meteorológicos extremos. Es necesario determinar si las obras de protección existentes son suficientes, si han recibido el mantenimiento requerido y si las condiciones del litoral han cambiado desde que fueron diseñadas. No puede afirmarse, sin un peritaje, que el daño reciente sea consecuencia de un defecto constructivo; pero tampoco sería responsable limitarse a reparar el pavimento sin investigar por qué cedió y qué posibilidades existen de que vuelva a suceder.
Otro asunto fundamental es la responsabilidad histórica de los gobiernos municipales, estatales y federales. Las inundaciones no comenzaron con la administración actual y sería superficial atribuir a un solo gobierno los errores acumulados durante medio siglo. Pero esa realidad tampoco exime a quienes hoy ejercen funciones públicas. Cada administración recibe problemas heredados y tiene la obligación de corregirlos, no de convertir la herencia recibida en una justificación permanente. La planeación urbana no puede seguir subordinada a los calendarios electorales ni a proyectos cuyo principal atractivo sea su inmediata rentabilidad política.
Campeche necesita una revisión integral y actualizada de sus cuencas urbanas, de sus sistemas de drenaje y de los cambios de uso de suelo autorizados durante las últimas décadas. Hay que comparar la topografía histórica con la actual, identificar antiguos escurrimientos, revisar los rellenos, evaluar las pendientes modificadas y determinar qué obras han trasladado el problema de una colonia a otra. También resulta indispensable conocer la capacidad real de los canales y colectores pluviales, su estado de conservación y la frecuencia con que reciben mantenimiento. Nada de esto puede resolverse únicamente enviando cuadrillas a desazolvar alcantarillas cuando las inundaciones ya comenzaron.
La ingeniería moderna ofrece herramientas suficientes para elaborar modelos hidrológicos e hidráulicos capaces de simular diferentes intensidades de lluvia, identificar puntos críticos y anticipar las consecuencias de nuevas urbanizaciones. También permite evaluar soluciones que combinen infraestructura convencional con superficies permeables, áreas de retención temporal, recuperación de espacios naturales y sistemas de conducción mejor diseñados. La cuestión central no es solamente construir más drenajes, sino recuperar la capacidad de las ciudades para convivir con el agua sin que cada temporal se convierta en una emergencia.
Sería conveniente constituir un programa de largo plazo en el que participen especialistas de la Universidad Autónoma de Campeche, instituciones dedicadas a la investigación ambiental, colegios de ingenieros y arquitectos, especialistas en hidrología, autoridades de protección civil y representantes de los tres órdenes de gobierno. Pero ese esfuerzo debe traducirse en diagnósticos públicos, obras prioritarias, presupuestos verificables y mecanismos de evaluación. Campeche no necesita otro inventario de buenas intenciones ni un voluminoso documento destinado a permanecer archivado. Necesita decisiones técnicamente fundamentadas que puedan sostenerse más allá de los cambios de gobierno.
También debemos comenzar a discutir algo que durante mucho tiempo se ha evitado: no todos los terrenos son aptos para urbanizarse y no toda obra que incrementa el valor comercial de una propiedad representa necesariamente un beneficio para la ciudad. Autorizar construcciones en zonas vulnerables, modificar niveles sin estudiar sus consecuencias o permitir el deterioro de humedales puede generar beneficios inmediatos para unos cuantos, mientras los costos terminan distribuyéndose entre miles de habitantes. Ésa es una de las expresiones más preocupantes de la mala planeación: privatizar las ventajas del crecimiento urbano y socializar sus consecuencias.
La frecuencia y severidad de los fenómenos hidrometeorológicos obligan, además, a incorporar el cambio climático a las políticas de desarrollo. No todos los episodios de lluvia pueden atribuirse directamente a ese fenómeno global, pero existe suficiente conocimiento científico para advertir que el aumento del nivel del mar y los cambios en los eventos extremos representan amenazas significativas para las ciudades costeras. En Campeche y Ciudad del Carmen, ignorar esas tendencias sería prolongar una forma de planeación concebida para condiciones que pueden estar cambiando.
Hay una reflexión final que considero indispensable. Durante generaciones hemos presumido, con razón, de la belleza de Campeche, de su extraordinaria arquitectura, de su riqueza histórica y de su privilegiada relación con el mar. Pero hemos prestado mucha menos atención a la ciudad que existe debajo de las calles: sus pendientes, sus antiguos cauces, su suelo, sus drenajes y sus mecanismos naturales de equilibrio. Hemos invertido en aquello que se ve, sin atender siempre con la misma determinación lo que hace posible que una ciudad funcione.
Las lluvias pasarán, las calles se secarán y probablemente volveremos a la normalidad. Los tramos carreteros dañados serán reparados y, con el tiempo, las imágenes de las inundaciones desaparecerán de los espacios informativos. Lo verdaderamente grave sería que también desapareciera la discusión sobre sus causas.
Porque una cosa es que una ciudad se inunde por una lluvia extraordinaria y otra, muy distinta, es que después de décadas de experiencia, estudios, inversiones y advertencias sigamos sin resolver las condiciones que multiplican sus consecuencias.
La lluvia es un fenómeno natural. La vulnerabilidad que construimos alrededor de ella es, en buena medida, una responsabilidad humana. Y de esa responsabilidad sí tenemos que rendir cuentas.