EDITORIAL
Por Tomás Zapata Bosch
Hay algo verdaderamente revelador en el escenario político mexicano que merece un análisis mucho más profundo del que habitualmente encontramos en los medios de comunicación. Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene niveles de aprobación cercanos o superiores al 70 por ciento, existe una intensa actividad en determinadas plataformas digitales y espacios informativos que pretende presentar a su gobierno como una administración profundamente rechazada por la sociedad mexicana. La diferencia entre lo que registran las encuestas y lo que diariamente circula en las redes sociales es tan considerable que resulta indispensable preguntarnos quiénes están detrás de esas campañas, cómo operan y qué intereses políticos y económicos pueden estar financiándolas.
El primero de octubre de 2026, el periódico El Financiero publicó una encuesta nacional elaborada bajo la dirección de Alejandro Moreno que otorgó a Claudia Sheinbaum una aprobación ciudadana del 70 por ciento, frente a un 30 por ciento de desaprobación. La investigación se realizó mediante 800 entrevistas telefónicas a mexicanos adultos de las 32 entidades federativas, levantadas entre el 10 y el 20 de septiembre, con un margen de error de 3.5 puntos porcentuales. Estamos hablando de siete de cada diez mexicanos que respaldan a la presidenta de la República, de acuerdo con una medición de un periódico que difícilmente puede considerarse un órgano propagandístico de Morena.
La misma investigación ofrece otros datos interesantes. El 68 por ciento expresó opiniones favorables sobre los apoyos sociales; el 49 por ciento evaluó favorablemente el desempeño económico y el 60 por ciento tuvo una opinión positiva sobre las negociaciones del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. También aparecen deficiencias importantes, particularmente en seguridad, corrupción y crimen organizado, donde las evaluaciones negativas continúan siendo mayoritarias. Es decir, los mexicanos no están aprobando ciegamente todo lo que hace el gobierno. Distinguen entre los resultados positivos y los problemas que permanecen sin resolverse, pero mantienen un respaldo general muy importante hacia la presidenta.
¿Cómo explicar entonces que determinados medios y operadores digitales pretendan convencernos de que existe un repudio prácticamente generalizado hacia Claudia Sheinbaum? Para comprenderlo conviene revisar investigaciones académicas que desde hace varios años han documentado la existencia de una industria internacional dedicada precisamente a intervenir en la conversación política mediante campañas artificiales de desinformación.
El 13 de enero de 2021, el Programa sobre Democracia y Tecnología del Instituto de Internet de la Universidad de Oxford presentó una investigación titulada Industrialized Disinformation: 2020 Global Inventory of Organized Social Media Manipulation, elaborada por Samantha Bradshaw, Hannah Bailey y el profesor Philip N. Howard. El estudio identificó operaciones organizadas de propaganda computacional en 81 países, entre ellos México. Un año antes se habían documentado en 70 naciones, lo que demuestra la velocidad con la que se estaba extendiendo esta actividad.
Pero lo más interesante son las cifras económicas y operativas que encontraron los investigadores. Oxford identificó más de 65 empresas que, desde 2018, habían ofrecido servicios de propaganda computacional. Documentó 48 casos de compañías privadas que desarrollaron campañas de manipulación por encargo de actores políticos y calculó que, desde 2009, se habían destinado casi 60 millones de dólares a la contratación de estas empresas. El informe también registró que Facebook y Twitter habían eliminado más de 317 mil cuentas y páginas relacionadas con operaciones de manipulación entre enero de 2019 y diciembre de 2020.
Estamos hablando de una actividad profesional, organizada, con especialistas, recursos económicos, tecnología y clientes dispuestos a pagar para influir en las decisiones políticas de millones de personas. No es una especulación de quienes simpatizan con la izquierda ni una denuncia inventada por el gobierno mexicano. Son investigaciones de una de las universidades más prestigiosas del mundo, realizadas con metodologías académicas y publicadas para su consulta internacional.
El 30 de enero de 2021, el periodista Rodrigo Riquelme publicó en El Economista un análisis de los resultados de Oxford específicamente relacionados con México. La investigación identificaba entre los actores involucrados en operaciones de manipulación digital a organismos gubernamentales, partidos políticos y contratistas privados. También documentaba la utilización de cuentas automatizadas, perfiles manejados por personas reales, sitios destinados a difundir información falsa y campañas dirigidas a sectores específicos de la población. Hay un detalle que no debemos pasar por alto: estas prácticas no son exclusivas de la derecha, también han sido utilizadas por gobiernos y organizaciones de distintas orientaciones políticas. Precisamente por eso el fenómeno merece una investigación seria, independientemente de quién resulte beneficiado.
La Universidad de Harvard también ha dedicado importantes recursos al estudio de estas operaciones. El 3 de noviembre de 2020, la Escuela Kennedy publicó un análisis sobre la desinformación y su influencia en las decisiones ciudadanas, con la participación de Joan Donovan, entonces directora de investigación del Centro Shorenstein sobre Medios, Política y Políticas Públicas, y Matthew Baum, profesor especializado en comunicación política. Ambos habían estudiado la manipulación informativa desde las elecciones estadounidenses de 2016 y participaron en el desarrollo de iniciativas académicas para investigar quién produce la desinformación, cómo consigue distribuirla y de qué manera termina influyendo en la sociedad.
Donovan encabezó el proyecto Technology and Social Change, dedicado a estudiar la manipulación mediática y las campañas de desinformación. Harvard impulsó también la publicación académica Harvard Kennedy School Misinformation Review, concebida para reunir investigaciones sobre un fenómeno que estaba adquiriendo dimensiones extraordinarias. La preocupación de estos investigadores no se limitaba a las cuentas falsas. También estudiaban la manera en que determinados grupos conseguían introducir sus mensajes en los medios tradicionales, aprovechando las plataformas digitales para otorgarles una apariencia de relevancia pública.
En España encontramos investigaciones igualmente importantes. La Universidad Complutense de Madrid cuenta con el Observatorio Complutense de Desinformación, una iniciativa que reúne a más de cuarenta investigadores de quince universidades de distintos países. Entre quienes han participado en el desarrollo de sus metodologías de observación electoral destacan el catedrático Rafael Rubio y Miguel Ángel Gonzalo, quienes han trabajado en la identificación de campañas de manipulación durante procesos electorales.
El observatorio estudia fenómenos que van desde las noticias falsas y los videos manipulados mediante inteligencia artificial hasta la creación de falsos medios informativos, la utilización de influenciadores, los ataques digitales y la difusión de narrativas hostiles. Su trabajo parte de una preocupación perfectamente fundada: la posibilidad de que estas operaciones alteren la confianza ciudadana y afecten la calidad de los procesos democráticos.
Otra investigación especialmente reveladora fue publicada el 2 de febrero de 2024 en la Revista Española de Investigaciones Sociológicas, bajo el título La presencia de los bots políticos en Twitter durante la crisis de la COVID-19 en España. Sus autores, Ángela Martínez Torralba y Aitor Jiménez de la Fuente, vinculados a la Universidad Complutense, analizaron mediante herramientas informáticas la presencia de cuentas automatizadas en la conversación política española. Encontraron evidencia de campañas de desinformación ejecutadas mediante bots con el propósito de manipular la opinión pública.
Estos trabajos permiten comprender algo fundamental: la conversación que vemos en las redes sociales no necesariamente corresponde con la opinión real de la ciudadanía. Una misma organización puede operar cientos o miles de cuentas, repetir determinados mensajes, promover etiquetas, atacar personajes públicos y conseguir que un tema aparezca artificialmente como una preocupación multitudinaria. Cuando esa operación es retomada por comentaristas, influenciadores y medios de comunicación, la manipulación adquiere una dimensión mucho mayor.
En América Latina este fenómeno ha encontrado condiciones particularmente favorables. El 15 de noviembre de 2025, el periódico español El País publicó una investigación titulada Las redes de la ultraderecha en América Latina: periódicos digitales, bots y noticias falsas para propagar la guerra cultural, firmada por las periodistas Verónica M. Garrido y Naiara Galarraga Gortázar, junto con Federico Rivas Molina. El trabajo examinó las conexiones entre operadores de la derecha radical de Brasil, Argentina y México, así como la utilización de medios digitales, influenciadores y estrategias de desinformación para intervenir en las disputas políticas de la región.
La investigación resulta particularmente importante porque permite observar que determinadas estrategias de comunicación no surgen espontáneamente en cada país. Existen relaciones entre operadores, organizaciones y proyectos políticos que comparten experiencias, métodos y discursos. Lo que funciona en una elección puede ser adaptado posteriormente a otra sociedad, aprovechando sus conflictos internos, sus problemas económicos y el descontento que inevitablemente producen los errores de cualquier gobierno.
En México, la presidenta Claudia Sheinbaum ha denunciado públicamente la existencia de campañas digitales coordinadas contra su administración. El gobierno federal también ha presentado análisis sobre la actividad de cuentas automatizadas y posibles inversiones millonarias destinadas a posicionar determinados mensajes. Estas denuncias deben ser investigadas y sus cifras verificadas de manera independiente, pero tampoco pueden descartarse sin examinarlas, especialmente cuando existen antecedentes internacionales perfectamente documentados de operaciones semejantes.
La derecha latinoamericana ha comprendido desde hace tiempo la importancia de disputar no solamente el poder político, sino también la percepción ciudadana sobre los resultados de los gobiernos. En Brasil y Argentina hemos observado estrategias de comunicación capaces de movilizar el descontento, aprovechar las equivocaciones de las administraciones progresistas y convertir determinados mensajes en argumentos electorales extraordinariamente eficaces. Desde luego, sería incorrecto atribuir los triunfos de la derecha exclusivamente a estas operaciones. Las crisis económicas, la inseguridad, la corrupción y los errores de los propios gobiernos han desempeñado también un papel fundamental.
Lo que resulta necesario investigar con mayor profundidad es el origen del financiamiento de determinadas campañas, la participación de organizaciones internacionales y la posible intervención de intereses económicos extranjeros. Estados Unidos tiene una historia ampliamente documentada de injerencia en la política latinoamericana. Sería ingenuo pensar que las nuevas herramientas tecnológicas carecen de interés para quienes históricamente han buscado influir en el rumbo político de la región. Sin embargo, demostrar la existencia de financiamiento extranjero en una operación electoral concreta requiere documentos, investigaciones financieras y pruebas verificables, no solamente sospechas.
En el caso de Claudia Sheinbaum, lo verdaderamente significativo es que su respaldo ciudadano permanece elevado a pesar de la intensidad de las críticas que circulan diariamente. Su presencia en el territorio nacional, el contacto directo con la población, la continuidad de los programas sociales y la relación que mantiene con amplios sectores populares ayudan a explicar una aprobación que muchos gobernantes del continente quisieran tener.
Hay además una diferencia importante entre la percepción que se construye desde determinados círculos políticos y mediáticos y la realidad de millones de mexicanos que evalúan al gobierno a partir de sus propias circunstancias. Para una familia que recibe un apoyo social, para un adulto mayor que cuenta con su pensión o para quienes consideran que sus condiciones económicas han mejorado, la discusión política puede tener significados muy distintos de los que predominan entre los comentaristas que diariamente anuncian el fracaso del gobierno.
Eso no elimina los problemas reales del país ni convierte las críticas en actos de mala fe. La inseguridad, la corrupción, las deficiencias del sistema de salud y las dificultades económicas merecen cuestionamientos permanentes. La presidenta tiene la obligación de responder por esos asuntos y sus adversarios tienen todo el derecho de exigir resultados. Pero también debemos reconocer que existe una industria profesional de manipulación digital y que sería irresponsable ignorar su posible participación en las disputas políticas mexicanas.
Me parece particularmente preocupante que hayamos llegado a un momento en el que una tendencia digital pueda recibir mayor atención que una investigación estadística realizada con metodología científica. Miles de publicaciones pueden proceder de una cantidad relativamente pequeña de operadores, mientras que una encuesta representativa intenta medir la opinión de una población mucho más amplia. Son instrumentos completamente diferentes y, sin embargo, frecuentemente se presentan como si tuvieran el mismo valor.
Las investigaciones de Oxford, Harvard y la Universidad Complutense, junto con los trabajos periodísticos publicados por El País y otros medios internacionales, ofrecen suficientes elementos para exigir mayor transparencia sobre el financiamiento de las campañas digitales, la contratación de empresas de propaganda y la participación de organizaciones políticas en operaciones destinadas a influir artificialmente en la opinión pública.
La discusión debería interesarnos independientemente de nuestras simpatías partidistas. Ninguna democracia puede desarrollarse adecuadamente si los ciudadanos desconocen quién paga determinados mensajes, quién organiza las campañas de desprestigio o quién está detrás de cuentas que aparentan representar movimientos espontáneos de inconformidad.
Después de dos años de gobierno, Claudia Sheinbaum conserva, según la encuesta de El Financiero publicada el primero de octubre, una aprobación del 70 por ciento. Sus adversarios tienen derecho a cuestionarla, organizarse y buscar una alternativa política. Lo que no pueden pretender es que la intensidad de sus campañas digitales sustituya la realidad que muestran las mediciones de opinión pública.
Y mientras no consigan comprender las razones por las cuales una mayoría tan importante de mexicanos continúa respaldando a la presidenta, difícilmente podrán construir una oposición capaz de disputarle ese apoyo. La confrontación política exige propuestas, organización, credibilidad y conocimiento de la sociedad. La tecnología puede multiplicar los mensajes y hacer mucho más visible una inconformidad, pero eso no significa que consiga convertirla automáticamente en una mayoría ciudadana.