
Por Tomás Zapata Bosch
Quien conoce la historia política de Campeche sabe perfectamente que en esta tierra los gobernadores difícilmente terminan sus mandatos entre aplausos y reconocimientos. Por el contrario, la crítica, la descalificación, el enfrentamiento y, en no pocas ocasiones, la ingratitud han acompañado la salida de prácticamente todos nuestros mandatarios. Salvo excepciones como don Carlos Sansores Pérez y, muy probablemente, Jorge Salomón Azar García, resulta difícil encontrar gobernadores que hayan concluido sus administraciones con un reconocimiento popular generalizado. Y aun en esos casos hubo inconformidades, adversarios y cuestionamientos. Así ha sido nuestra historia política y así, lamentablemente, parece que seguirá siendo mientras no aprendamos a distinguir entre nuestras diferencias personales, nuestras preferencias partidistas y los intereses superiores de Campeche.
Ni siquiera don Alberto Trueba Urbina, impulsor de aquel Campeche Nuevo que transformó la fisonomía de nuestra capital, estuvo exento de críticas. Tampoco José Ortiz Ávila, bajo cuyo gobierno se levantaron obras fundamentales para nuestra vida institucional, como el Palacio Legislativo y la Universidad de Campeche, además de otras acciones modernizadoras que cambiaron la vida de nuestra ciudad. A Ortiz Ávila también le corresponde una responsabilidad histórica que no debemos olvidar: la destrucción de parte de nuestras murallas, una decisión que todavía hoy merece el reproche de quienes defendemos nuestro patrimonio. Sin embargo, nadie puede negar la trascendencia de muchas de sus obras. Así ha sucedido con prácticamente todos nuestros gobernadores. Durante sus mandatos fueron severamente cuestionados y, muchos años después, la historia terminó reconociendo obras y decisiones cuya verdadera importancia solamente pudo apreciarse con el paso del tiempo.
No significa que todos hayan gobernado bien ni que sus errores deban perdonarse. Significa, sencillamente, que la historia tiene una perspectiva mucho más amplia que la coyuntura política. Todos, absolutamente todos, dejaron alguna aportación al desarrollo de Campeche. Unos más que otros. Algunos con grandes obras materiales; otros con instituciones, infraestructura, servicios o decisiones administrativas que terminaron siendo importantes para las generaciones posteriores. Y tengo la impresión de que con Layda Sansores San Román puede suceder algo semejante, porque más allá de las simpatías o antipatías que despierta su personalidad, de su peculiar manera de ejercer el poder, de sus enfrentamientos políticos y de la permanente controversia que acompaña a su administración, hay una realidad que merece examinarse con detenimiento: Campeche está comenzando a reunir condiciones de infraestructura, energía, conectividad y logística que durante décadas le hicieron falta para aspirar a una verdadera industrialización.
Y eso, desde mi particular punto de vista, constituye uno de los aspectos más importantes del gobierno de Layda Sansores. Durante muchos años hemos hablado del enorme potencial de Campeche. Tenemos una ubicación geográfica privilegiada, recursos naturales, litoral, puertos, agua, tierras, patrimonio histórico, riqueza cultural y una extraordinaria vocación productiva. Sin embargo, hemos sido incapaces de transformar suficientemente esas ventajas en industrias, empresas, empleos bien remunerados y oportunidades para nuestros jóvenes. Lo he sostenido en innumerables ocasiones y también lo desarrollo en mi libro sobre lo que necesita Campeche para alcanzar su desarrollo: nuestro problema no ha sido exclusivamente la falta de recursos, sino, en buena medida, la incapacidad histórica de convertir esos recursos en una economía diversificada, competitiva y menos dependiente del presupuesto público y del petróleo.
Y aquí es donde comienza a adquirir importancia lo que está sucediendo durante esta administración. El gas natural, por ejemplo, no es una obra que necesariamente entusiasme al ciudadano común. No se inaugura con una gran plaza ni se contempla desde el malecón. Pero para cualquier empresario industrial constituye un elemento fundamental. Sin energía suficiente, confiable y competitiva, difícilmente puede pensarse en atraer inversiones manufactureras de gran escala. La ampliación del gasoducto Mayakan II representa precisamente una de esas condiciones. El proyecto contempla 372 kilómetros de nuevo ducto y estaciones de compresión, con una inversión anunciada de alrededor de 40 mil millones de pesos para el conjunto del proyecto, de acuerdo con información difundida por el Gobierno del Estado. Es una infraestructura cuyo valor económico debe medirse por las posibilidades que abre para la industria, no solamente por los empleos temporales de su construcción. ¿De qué nos hubiera servido disponer de grandes extensiones de tierra para instalar industrias si no podíamos garantizarles el suministro energético necesario? ¿Cómo competir con otras entidades que desde hace décadas cuentan con esa ventaja?
Lo mismo sucede con Seybaplaya. Durante años hablamos de la importancia de nuestro puerto y de la necesidad de convertirlo en un verdadero instrumento de desarrollo. Hubo inversiones y modernizaciones en administraciones anteriores que sería injusto desconocer. Pero ahora se presenta una oportunidad adicional: articular esa infraestructura portuaria con una política industrial, el suministro de gas natural, la conectividad ferroviaria y la atracción de empresas. En junio de 2025, el Gobierno Federal incorporó a Seybaplaya entre los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar y, en septiembre de ese mismo año, Layda Sansores firmó el convenio que formalizó el proyecto Seybaplaya I, orientado a aprovechar las condiciones logísticas de la región para atraer actividades manufactureras, agroindustriales y de transformación. No estamos hablando simplemente de construir bodegas o de ampliar muelles. Estamos hablando de comenzar a crear un entorno industrial que permita producir, transformar, almacenar y comercializar mercancías desde Campeche.
Por supuesto, todavía falta mucho para que ese polo alcance su potencial. La instalación efectiva de empresas, la infraestructura complementaria y los empleos permanentes serán las pruebas definitivas de su éxito. Pero haber conseguido su incorporación a una estrategia nacional de desarrollo constituye un avance que no debería minimizarse. Y ahí tenemos un ejemplo concreto que resulta particularmente significativo: la Cooperativa Cruz Azul. Su nueva planta cementera en Seybaplaya representa una inversión anunciada de aproximadamente 300 millones de dólares. El proyecto inició formalmente su construcción en septiembre de 2025 y la Secretaría de Desarrollo Económico contempla su desarrollo durante el periodo 2025-2027. Las estimaciones oficiales consideran 800 empleos directos y hasta dos mil indirectos vinculados al proyecto, cifras que deberán comprobarse conforme avance su construcción y operación. No es poca cosa. Durante décadas hemos reclamado la llegada de grandes empresas industriales a Campeche. Pues bien, aquí tenemos una inversión real, con obras iniciadas y una perspectiva de producción que puede generar nuevas oportunidades para trabajadores, transportistas, proveedores, prestadores de servicios y empresas locales.
Naturalmente, una cementera no resolverá por sí sola los problemas económicos de todo el estado. Pero puede convertirse en una señal importante para otras inversiones que encuentren en Campeche condiciones que antes no existían. A esto debemos agregar la nueva conectividad ferroviaria del sureste mexicano. La Línea FA del Corredor Interoceánico, que comunica Coatzacoalcos con Palenque a lo largo de aproximadamente 330 kilómetros, permite la articulación ferroviaria con el Tren Maya. Su importancia para Campeche radica en la posibilidad de integrarnos, mediante la red peninsular y el futuro fortalecimiento del transporte de carga, a circuitos logísticos mucho más amplios. No es una obra exclusiva del Gobierno del Estado, ni sería correcto atribuirle su construcción a Layda Sansores. Se trata de infraestructura federal desarrollada a lo largo de distintas administraciones. Pero también es cierto que una gobernadora debe tener la capacidad de gestionar, coordinar y aprovechar las decisiones federales para convertirlas en oportunidades concretas para su entidad.
Y en este terreno Layda ha tenido una ventaja política que ha sabido utilizar: su relación con el proyecto nacional de la Cuarta Transformación y su interlocución con los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo. No se trata de aplaudir por aplaudir. Se trata de reconocer que la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno puede producir resultados que difícilmente se conseguirían mediante el aislamiento político. En materia de infraestructura hidráulica también encontramos una decisión de enorme trascendencia. El proyecto del Acuaférico de San Francisco de Campeche y la sustitución de la línea de conducción Chiná-Jardines representan una inversión estimada de mil 71.85 millones de pesos, de acuerdo con la cartera federal de proyectos actualizada en septiembre de 2026. Su objetivo es fortalecer el abastecimiento de agua potable para una población beneficiaria estimada en 250 mil habitantes. Esta obra, impulsada con participación federal, responde a una necesidad que durante muchos años hemos padecido los campechanos, porque tampoco puede hablarse seriamente de industrialización, crecimiento urbano o bienestar social si no existe infraestructura suficiente para garantizar el suministro de agua.
Y hay otro asunto que merece reconocerse: la reclasificación de las tarifas domésticas de energía eléctrica. La cobertura de la tarifa 1F en todo el territorio estatal constituye un beneficio para los hogares campechanos, particularmente durante los meses de mayor calor. Desde luego, no significa que todos los recibos hayan disminuido automáticamente ni que el problema del costo de la electricidad esté completamente resuelto. El monto final depende del consumo y de las condiciones tarifarias. Pero sí representa un cambio favorable en el esquema de subsidios aplicable a nuestra entidad. En este conjunto de decisiones aparece una lógica que me parece fundamental: energía, agua, puertos, ferrocarril, suelo industrial y empresas. No son asuntos aislados. Son componentes de una misma ecuación económica que, debidamente articulados, pueden transformar las condiciones de desarrollo de Campeche durante las próximas décadas.
Y todavía debemos considerar a Ciudad del Carmen, cuya infraestructura portuaria y experiencia en servicios especializados representan una plataforma extraordinaria para diversificar actividades productivas, ampliar servicios marítimos, fortalecer cadenas de proveeduría y aprovechar las oportunidades energéticas e industriales del sureste. Carmen no puede permanecer indefinidamente sometida a los altibajos de la actividad petrolera. Necesita encontrar nuevos mercados, desarrollar capacidades industriales y aprovechar la experiencia técnica acumulada durante décadas. Por eso resulta importante que la estrategia de desarrollo contemple tanto a Seybaplaya como a Carmen, aunque sus vocaciones y necesidades sean distintas. El puerto de Carmen tiene un enorme potencial que no debemos desperdiciar y cuya modernización debe acompañarse de políticas que permitan incorporar a las empresas locales a nuevas cadenas productivas.
Ahora bien, existe otro aspecto de esta administración que muchos consideran secundario y que, desde mi punto de vista, forma parte del mismo proceso de transformación: la movilidad urbana. El sistema Ko’ox, con todas las controversias, deficiencias y molestias que ha provocado su implementación, representa un intento de modernización del transporte colectivo que Campeche venía postergando durante décadas. Según las cifras presentadas ante el Congreso del Estado, hasta julio de 2026 se habían destinado alrededor de 770 millones de pesos al nuevo sistema, considerando adquisición de unidades, infraestructura, tecnología y otros componentes de operación. Estamos hablando de un proyecto que reorganizó el servicio mediante 29 rutas y una flota que, en su despliegue inicial, alcanzó 122 unidades. ¿Que hay problemas? Por supuesto que los hay. ¿Que existen inconformidades con las rutas, los transbordos, los tiempos de espera y los paraderos? También. ¿Que deben corregirse? Sin la menor duda. Pero una cosa es exigir que un servicio funcione correctamente y otra muy distinta es desconocer la necesidad de transformar un sistema que durante años se había quedado rezagado.
Las ciudades que aspiran a crecer industrialmente necesitan movilidad eficiente. Necesitan trasladar trabajadores, estudiantes, profesionistas y familias de manera ordenada, segura y accesible. No podemos aspirar a convertirnos en una entidad moderna mientras conservamos indefinidamente sistemas de transporte y vialidades diseñados para una ciudad de otras dimensiones. Por eso considero que muchas de las modificaciones viales, la reorganización del transporte y las inversiones en movilidad deben analizarse dentro de una visión de largo plazo, sin que ello signifique justificar errores de planeación o desatender las molestias de los usuarios. Campeche necesita prepararse para crecer, para recibir nuevas inversiones, para incrementar su actividad económica y para ofrecer servicios públicos a la altura de las necesidades que ese crecimiento traerá consigo.
Y aquí quiero detenerme en la personalidad de Layda Sansores. Se podrá estar de acuerdo o en desacuerdo con ella. Se le podrá cuestionar su lenguaje, sus decisiones, sus confrontaciones y su estilo de gobierno. Pero difícilmente alguien que conozca su trayectoria política podrá negar que estamos frente a una mujer de carácter, de convicciones firmes, acostumbrada a enfrentar adversidades y poco dispuesta a retroceder ante la presión de sus adversarios. Layda no es una gobernadora de medias tintas. Su trayectoria política estuvo marcada durante décadas por la oposición, la confrontación con estructuras de poder y la defensa de las causas en las que creyó. Esa personalidad, que para algunos constituye su principal virtud y para otros uno de sus mayores defectos, también explica buena parte de su manera de gobernar. Tiene un carácter fuerte. Es persistente. No acostumbra rehuir las controversias y ha demostrado una extraordinaria capacidad de resistencia política. Pero el juicio histórico sobre su administración no debería quedar reducido a su temperamento, a sus declaraciones o a sus enfrentamientos.
Hay que mirar más allá, porque mientras una parte de la discusión pública se consume diariamente en las redes sociales, en los pleitos políticos y en la descalificación personal, se están desarrollando proyectos cuya importancia puede extenderse mucho más allá de este sexenio. Y aquí reaparece uno de los grandes problemas que he señalado durante años: nuestra famosa lata de cangrejos. En Campeche seguimos teniendo enormes dificultades para reconocer los aciertos de quienes no pertenecen a nuestro grupo político, de quienes no piensan como nosotros o de quienes simplemente nos resultan antipáticos. Parece que reconocer una obra de gobierno equivale a renunciar a nuestras convicciones. Como si aceptar que una administración hizo algo positivo significara aprobar absolutamente todas sus decisiones. Es un absurdo. He sostenido siempre que las obras buenas deben reconocerse, independientemente de quién las realice, y que los errores deben señalarse con la misma claridad.
Campeche necesita abandonar esa costumbre de convertir cualquier diferencia política en un obstáculo para el desarrollo colectivo. La oposición tiene todo el derecho de criticar, fiscalizar, denunciar irregularidades y presentar alternativas. Esa es su responsabilidad democrática. Pero también debería tener la capacidad de acompañar aquellas decisiones que beneficien al estado, sin renunciar por ello a competir por el poder cuando llegue el momento electoral. Lo mismo corresponde al gobierno: escuchar las críticas legítimas, corregir sus errores y comprender que ninguna obra pública queda exenta del escrutinio ciudadano. Porque el desarrollo económico de Campeche no puede depender de quién gane o pierda una elección. Debe convertirse en una causa común, en un gran acuerdo entre campechanos que permita darle continuidad a los proyectos que realmente representan oportunidades para nuestra tierra.
En mi particular apreciación, el gobierno de Layda Sansores ha sido, fundamentalmente, un gobierno de transición estructural. Un gobierno que, con sus aciertos y sus errores, ha comenzado a preparar condiciones que otros gobiernos podrán aprovechar para dar el siguiente paso. No significa que antes nadie hubiera hecho nada. Sería una injusticia histórica afirmarlo. Los puertos, las carreteras, las instituciones, las redes de servicios y buena parte de nuestra infraestructura actual son producto de esfuerzos acumulados durante muchas administraciones. Tampoco significa que las inversiones anunciadas deban confundirse con resultados plenamente alcanzados. El verdadero éxito tendrá que medirse en empresas operando, empleos formales, salarios dignos, productividad, crecimiento económico y mejores condiciones de vida para los campechanos. Pero precisamente por eso resulta importante identificar el momento en que comienzan a reunirse las condiciones necesarias para que ese cambio ocurra.
El gas natural por sí solo no genera prosperidad. Tampoco un puerto, un ferrocarril o un polo industrial. Lo verdaderamente importante es que todos esos elementos funcionen de manera articulada y permitan atraer inversiones, desarrollar proveedores locales y generar oportunidades permanentes. Y esa articulación es la que hoy comienza a perfilarse. Quizá muchos ciudadanos no alcancen todavía a dimensionarla. Quizá otros, legítimamente preocupados por sus problemas cotidianos, consideren que los beneficios tardan demasiado en llegar. Y tienen derecho a exigir resultados. Pero también tenemos la obligación de observar lo que se está construyendo para el futuro, porque en política los aplausos suelen ser pasajeros, mientras que las obras y las decisiones trascendentes permanecen.
El verdadero legado de un gobernante no se mide exclusivamente por su popularidad al terminar el mandato, sino por aquello que deja funcionando, por las oportunidades que abre y por la capacidad de sus sucesores para continuar lo que vale la pena. A Layda Sansores todavía le queda tiempo de gobierno. Habrá que evaluar los resultados definitivos cuando concluya su administración y, seguramente, durante los años posteriores. Sin embargo, desde ahora considero que existe un elemento que puede darle un lugar importante en la historia contemporánea de Campeche: haber contribuido a sentar las bases energéticas, industriales, logísticas e hidráulicas que nuestro estado necesitaba para comenzar a romper con décadas de rezago y dependencia económica.
No sé si recibirá el reconocimiento popular que otros gobernadores tampoco recibieron en su momento. Ni siquiera sé si eso le preocupa demasiado. Lo que sí creo es que, cuando dentro de algunos años se revise con serenidad esta etapa de nuestra historia, más allá de los pleitos políticos, de las filias, de las fobias y del ruido de las redes sociales, habrá que examinar con seriedad lo que comenzó a construirse durante su administración. Y si las inversiones se consolidan, si las empresas llegan, si los puertos amplían su actividad, si el gas natural impulsa nuevas industrias y si nuestros jóvenes encuentran finalmente empleos dignos en su propia tierra, tendremos elementos suficientes para reconocer la trascendencia de esta etapa.
Porque el desarrollo de Campeche no pertenece a un partido, a una gobernadora ni a un grupo político. Nos pertenece a todos. Y si algo debemos reconocerle desde ahora a Layda Sansores es haber apostado por preparar el terreno para ese desarrollo, aun en medio de una de las etapas de mayor confrontación política que ha vivido Campeche. Podrán discutirse sus métodos, cuestionarse sus decisiones y señalarse sus errores, como debe hacerse con cualquier gobernante, pero sería una equivocación histórica ignorar la importancia de las condiciones económicas que se están construyendo. Campeche necesita dejar atrás la política de la descalificación permanente y comprender que el progreso no se consigue destruyendo lo que otros hacen, sino aprovechando lo que sirve, corrigiendo lo que falla y dando continuidad a lo que beneficia a las siguientes generaciones.
La historia tendrá la última palabra sobre Layda Sansores San Román. Pero desde ahora hay razones suficientes para sostener que su administración puede ser recordada como aquella que comenzó a preparar las condiciones para un nuevo ciclo de desarrollo económico en Campeche. Y ojalá que cuando llegue ese momento hayamos aprendido, finalmente, a salir de nuestra lata de cangrejos y a reconocer que por encima de cualquier diferencia política, de cualquier partido y de cualquier gobernante, está el futuro de nuestra tierra.