¿CUÁNTO NOS CUESTA EL CONGRESO DE CAMPECHE Y QUÉ RECIBIMOS A CAMBIO?
(primera de 3 partes)
35 diputados, más de 269 millones de pesos de presupuesto y una responsabilidad pública que exige cuentas claras. Una investigación sobre el dinero, la transparencia y la productividad de la LXV Legislatura.
Por Tomás Zapata Bosch
¿Cuánto nos cuesta mantener a los 35 diputados del Congreso del Estado de Campeche y qué recibimos los ciudadanos a cambio? La pregunta no es menor, especialmente cuando hablamos de una entidad federativa que enfrenta necesidades de infraestructura, servicios públicos, desarrollo económico y oportunidades de empleo, mientras una parte considerable de sus recursos se destina al sostenimiento de sus instituciones políticas. No se trata de cuestionar la existencia del Poder Legislativo, indispensable para el equilibrio constitucional, sino de examinar cuánto dinero recibe, cómo lo distribuye, quién lo administra y qué resultados produce.
Comencemos con los números. De acuerdo con el Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el Ejercicio Fiscal 2026, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 29 de diciembre de 2025, el Poder Legislativo tiene asignados 269 millones 515 mil 897 pesos, de los cuales 214 millones 548 mil 435 corresponden a la función legislativa propiamente dicha y 54 millones 967 mil 462 a fiscalización. Son dos conceptos distintos que no deben confundirse, porque el último comprende una función institucional especializada que no puede atribuirse como ingreso personal de los diputados.
Si dividimos exclusivamente el presupuesto de la función legislativa entre los 35 integrantes del Congreso, obtenemos que cada curul representa un costo presupuestario promedio de 6 millones 129 mil 955 pesos anuales, equivalentes a 510 mil 830 pesos mensuales. Si consideramos el presupuesto total del Poder Legislativo, incluyendo fiscalización, la cifra asciende a aproximadamente 7 millones 700 mil 454 pesos anuales por representación popular, o 641 mil 705 pesos mensuales. Debemos insistir en una precisión indispensable: no estamos diciendo que cada diputado cobre personalmente esas cantidades; estamos expresando cuánto cuesta, en promedio, sostener la institución por cada uno de sus representantes.
Aquí comienza la investigación verdaderamente interesante. ¿Cuánto recibe directamente cada diputado? ¿Cuánto percibe por concepto de dieta, prestaciones y apoyos? ¿Qué recursos están destinados a gestión social? ¿Existen partidas adicionales relacionadas con las comisiones legislativas, las coordinaciones parlamentarias o los cargos de dirección del Congreso? ¿Cuánto dinero se entrega directamente a cada legislador y cuánto permanece bajo la administración central de la institución?
Para encontrar respuestas no necesitamos recurrir a rumores. El propio Congreso del Estado publicó un documento denominado Percepciones mensuales de las y los diputados 2025, disponible en su portal oficial de transparencia. Allí se establece una dieta mensual de 60 mil 441 pesos, vales de gasolina por 2 mil pesos, fondo de ahorro por 6 mil 500 pesos, fondo de gestión por 20 mil pesos y un aguinaldo equivalente a 45 días. El mismo documento señala que los recursos correspondientes son entregados directamente mediante cheque o transferencia bancaria, y precisa que los diputados no tienen asignados asistentes, vehículos, equipos de cómputo ni telefonía. Este es precisamente un tema delicado, porque todo aquel que sepa como funciona el congreso en Campeche sabe que los señores diputados tienen personal a su servicio. Luego entonces: ¿Quién les paga?
Si sumamos los cuatro conceptos mensuales publicados para 2025, obtenemos 88 mil 941 pesos por diputado, sin incluir aguinaldo. De esa cantidad, 60 mil 441 pesos corresponden a dieta; 6 mil 500 al fondo de ahorro; 2 mil a gasolina y 20 mil al fondo de gestión. Pero tampoco sería correcto presentar toda esa suma como salario personal, porque los fondos de gestión y los apoyos vinculados al ejercicio del cargo tienen una naturaleza y una finalidad distintas. La cifra documenta los conceptos reportados por el Congreso en 2025; no acredita por sí sola que todos hayan permanecido sin modificación durante 2026.
El fondo de gestión merece especial atención. Veinte mil pesos mensuales representan 240 mil pesos anuales por diputado. Si ese esquema se aplicara uniformemente a los 35 integrantes durante un ejercicio completo, hablaríamos de 8 millones 400 mil pesos destinados a ese concepto. No afirmamos que ésta sea la cifra efectivamente ejercida en 2026, porque necesitamos confrontarla con las transferencias y los registros contables correspondientes. Pero el antecedente oficial es suficiente para formular una pregunta legítima: ¿en qué se utiliza ese dinero, quién autoriza su disposición, qué comprobantes se entregan y cómo puede conocer el ciudadano los resultados de la gestión realizada con recursos públicos? No se trata de negar la utilidad de los apoyos para representación y gestión social. Un diputado debe mantener contacto con sus electores, atender demandas ciudadanas, visitar sus distritos y dar seguimiento a problemas comunitarios. Pero precisamente porque esos recursos pueden cumplir una función pública importante, su destino debe estar documentado. La gestión social no debe convertirse en una partida cuya justificación descanse exclusivamente en la palabra de quien recibe el dinero.
Existe otro capítulo que requiere explicaciones: las comisiones legislativas. No es lo mismo el presupuesto necesario para el funcionamiento de una comisión que una remuneración adicional por presidirla, ni deben confundirse esos recursos con viáticos por comisiones oficiales. La investigación necesita establecer si existen compensaciones adicionales para presidentes, secretarios o integrantes de comisiones; si hay personal adscrito; cómo se pagan los gastos de funcionamiento y quién autoriza su ejercicio. Hasta ahora no tenemos acreditada una cantidad individual por esos conceptos para 2026, por lo que sería irresponsable convertirla en una cifra de supuestos ingresos ocultos.
Sin embargo, que todavía no tengamos un desglose completo tampoco significa que debamos abandonar la pregunta. El portal de transparencia del propio Congreso contempla la publicación de remuneraciones, gastos de representación, viáticos, contratos por honorarios y estados financieros. También dispone de apartados para consultar flujos de fondos, estados del ejercicio presupuestal y montos pagados por ayudas y subsidios. La información existe en distintas categorías institucionales; el siguiente paso es comprobar si permite reconstruir con precisión lo autorizado, lo transferido, lo recibido y lo ejercido por cada legislador. Éste es un punto central. La opacidad no debe presumirse únicamente porque resulte difícil localizar un documento, pero tampoco podemos considerar satisfecha la transparencia por el simple hecho de que exista una página de internet. La rendición de cuentas exige que el ciudadano pueda conocer de manera comprensible cuánto dinero se autorizó, quién lo recibió, quién decidió su destino y con qué documentos se justificó su utilización y cuando existan cantidades que no puedan identificarse individualmente, será necesario señalar exactamente qué información falta, a qué partida corresponde y qué autoridad tiene la responsabilidad de proporcionarla. Si aparecen diferencias entre lo presupuestado y lo ejercido, deben explicarse. Si existen pagos sin comprobación suficiente, corresponde investigarlos. Y si alguna revisión oficial acredita irregularidades o responsabilidades, habrá que documentarlas sin importar quién resulte involucrado.
La imparcialidad periodística no significa repartir culpas artificialmente ni guardar silencio ante una irregularidad demostrada. Significa aplicar a todos el mismo rigor documental, sin privilegios, excepciones ni condenas anticipadas.
Ahora pasemos al otro extremo de esta ecuación: el trabajo legislativo. La LXV Legislatura del Congreso de Campeche inició funciones el primero de octubre de 2024 y concluirá el 30 de septiembre de 2027. Sus 35 integrantes tienen responsabilidades que van mucho más allá de asistir a las sesiones, levantar la mano durante las votaciones o pronunciar discursos desde la tribuna. Su labor incluye presentar y analizar iniciativas, elaborar dictámenes, participar en comisiones, examinar presupuestos, revisar cuentas públicas, ejercer facultades de fiscalización y representar los intereses de los ciudadanos; bueno, al menos asi deberia de ser.
Para comenzar a medir esa actividad encontramos un documento fundamental: el Primer Informe de Labores del Poder Legislativo, publicado por el propio Congreso del Estado. Según sus registros, durante el primer año de la LXV Legislatura se presentaron 166 iniciativas provenientes de distintas instancias. De ellas, 103 correspondieron a integrantes del Poder Legislativo, mientras las restantes provinieron del Ejecutivo estatal, el Congreso de la Unión, ayuntamientos y organismos autónomos. El dato es importante porque permite comenzar a distinguir el trabajo propio de los diputados de las propuestas que reciben de otras autoridades. Aprobar una iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo es una actividad legislativa, pero no significa que los 35 diputados hayan sido sus autores. Participar en su discusión, modificarla, dictaminarla o votarla son responsabilidades diferentes que deben contabilizarse con precisión.
El propio Primer Informe ofrece un desglose por fuerzas políticas que merece especial atención. Morena registró 51 iniciativas; el Partido del Trabajo, 22; Movimiento Ciudadano, 17; el Partido Revolucionario Institucional, siete; el Partido Verde Ecologista de México, una, y cinco iniciativas se clasificaron como conjuntas. El informe también identifica dos iniciativas de la representación del Partido Acción Nacional, pero aclara que están contempladas dentro de las propuestas conjuntas, de modo que no deben sumarse nuevamente al total. Así se integran las 103 iniciativas legislativas reportadas.
Estas cantidades constituyen un primer indicador de actividad, pero no permiten todavía determinar la productividad individual de los diputados. Morena presentó más iniciativas en términos absolutos, pero también debe considerarse el número de integrantes que conformaban su bancada durante el periodo examinado. El PT registró una cantidad importante de propuestas respecto de su representación numérica, pero es indispensable conocer quiénes fueron sus autores, cuáles eran sus contenidos y qué ocurrió posteriormente con ellas. Las cifras tampoco permiten afirmar que un diputado trabaja más que otro únicamente porque su grupo parlamentario presentó más documentos. Un legislador puede participar en iniciativas colectivas, trabajar en la elaboración de dictámenes, impulsar acuerdos, intervenir en revisiones presupuestales o fiscalizar recursos públicos sin aparecer como autor individual de una ley.
Por eso, el verdadero examen requiere identificar qué presentó cada diputado, en qué fecha, con qué partido o grupo parlamentario, sobre qué materia, cuál fue el trámite posterior y qué resultado obtuvo. Necesitamos saber cuántas iniciativas fueron aprobadas, cuántas rechazadas, cuántas continúan pendientes y cuáles fueron modificadas sustancialmente antes de llegar al Pleno. También habrá que revisar las iniciativas que, aunque formalmente diferentes, pudieran repetir contenidos ya presentados por otros legisladores. La multiplicación de documentos no necesariamente representa la multiplicación de soluciones. Una iniciativa puede ser breve y tener consecuencias relevantes para una comunidad, mientras otra puede comprender numerosas páginas sin producir modificaciones sustanciales en la vida pública.
Existe además una circunstancia particularmente importante en Campeche: los movimientos de diputados entre partidos y grupos parlamentarios. Este trabajo de investigación debe distinguir entre el partido por el cual cada legislador obtuvo su curul, la bancada a la que pertenecía cuando presentó una iniciativa y su situación parlamentaria posterior. Un cambio de afiliación no borra lo que hizo anteriormente ni permite trasladar automáticamente toda su producción a la fuerza política a la que se incorpora después.
La responsabilidad parlamentaria debe seguir a la persona, no desaparecer o modificarse artificialmente con el color de su bancada.
Lo mismo corresponde aplicar a Morena, Movimiento Ciudadano, PRI, PAN, Partido del Trabajo, Partido Verde y a quienes ejercen sus funciones como independientes. Ninguna agrupación debe recibir un trato preferencial ni quedar excluida del escrutinio. Si un diputado de la mayoría presenta una iniciativa relevante, debe reconocerse documentalmente su trabajo. Si uno de oposición cumple adecuadamente sus obligaciones de fiscalización, también debe registrarse. Y si cualquiera de ellos incumple sus responsabilidades, la revisión debe sustentarse en hechos verificables.
Hay un tercer elemento que no podemos dejar fuera: la obligación del Congreso de vigilar el dinero público. Los diputados intervienen en la aprobación del presupuesto estatal y en la revisión de cuentas públicas. Tienen facultades de control que resultan fundamentales para el funcionamiento del sistema constitucional. Precisamente por ello, su propia administración financiera necesita estar sujeta a un examen especialmente cuidadoso.
No basta con exigir transparencia a los ayuntamientos, al Ejecutivo o a los organismos públicos mientras las percepciones, los recursos de gestión, los gastos administrativos y las decisiones presupuestales del Congreso resultan difíciles de reconstruir. Ahí hay problemas serios y ya nos ocuparemos de ello en otra entrega.
La Auditoría Superior del Estado desempeña una función especializada de fiscalización, cuyo presupuesto debe distinguirse del funcionamiento parlamentario. Pero esa separación contable no elimina la responsabilidad de los diputados de analizar los resultados de las revisiones, atender las facultades que la ley les confiere y examinar el destino de los recursos públicos.mEn este punto debemos ser igualmente rigurosos. Una observación de auditoría no constituye por sí misma un delito ni demuestra automáticamente un desvío de recursos. Sin embargo, tampoco puede descartarse su importancia mientras no haya sido debidamente aclarada. Lo que corresponde es conocer la observación, su monto, la autoridad responsable, la respuesta presentada, el procedimiento seguido y su situación actual.
El mismo principio debe aplicarse a las finanzas internas del Congreso. Si existen diferencias contables, pagos no comprobados, contratos cuestionados o recursos cuyo destino no pueda acreditarse, será necesario identificar los documentos y los responsables administrativos correspondientes. La investigación no debe presentar sospechas como sentencias, pero tampoco debe permitir que la falta de información se convierta en una forma de eludir la rendición de cuentas. La actual legislatura enfrenta serios cuestionamientos como el hecho de que la gran mayoria de los contratos de debieron ser licitados, no lo fueron y muchas otras irregularidades, que, inisistimos, no necesariamente representan un delito, pero si tienen que ser solventados ante las instancias correspondientes.
Finalmente, debemos volver a la pregunta que dio origen a este trabajo: ¿qué recibimos los campechanos a cambio de los recursos que destinamos a nuestro Congreso?
La respuesta no puede reducirse a dividir 214 millones de pesos entre el número de leyes aprobadas. Ese cálculo sería llamativo, pero metodológicamente insuficiente. El Poder Legislativo no es una fábrica de documentos cuya productividad pueda medirse exclusivamente por volumen. Su función incluye la representación ciudadana, la deliberación pública, el control presupuestario, la fiscalización y la construcción de acuerdos. Tampoco sería correcto calificar de improductivo a un diputado exclusivamente porque sus iniciativas no hayan obtenido los votos necesarios para convertirse en ley. La aprobación depende de procedimientos, dictámenes y mayorías parlamentarias que no están bajo el control individual de cada representante.
Pero reconocer esa complejidad tampoco significa que todo pueda justificarse.
Un diputado que presenta propuestas, participa en comisiones, revisa cuentas públicas, atiende las necesidades de sus representados y ejerce sus atribuciones de fiscalización realiza actividades que deben aparecer documentadas, aunque sus iniciativas no sean aprobadas. Del mismo modo, la falta de registros de participación o el incumplimiento comprobado de obligaciones no debe quedar oculto detrás de discursos, fotografías, declaraciones o publicaciones en redes sociales. La productividad legislativa no puede medirse exclusivamente por cantidad, pero tampoco debe convertirse en un concepto tan amplio que termine por justificar la ausencia de resultados verificables.
Por supuesto que hay que considerar que habria que privilegiar la “calidad” de las propuestas aprobadas por encima de la cantidad de ellas, porque obviamente si bien, unas no estan reñidas con las otras, no tenemos conocimiento de que alguna de ellas haya realmente impactado a la sociedad Campechana a excepcion de algunas con respecto a la mujer y a la niñez y la muy rechazada -que no polemica- aprobacion del asesinato de niños en el vientre materno, que lamentablemente se realizo en contra de la gran mayoria de los que votan en este estado y de la cual habria que señalar que fueron complices todos los diputados de esta legislatura, porque ha quedado claro que si bien pudueron haber votado en contra algunos, ninguno renuncio a su curul como una muestra de compromiso pleno con su forma de pensar. ¿o si?
Ésa es la responsabilidad que deben asumir los 35 integrantes de la LXV Legislatura.
El Congreso de Campeche dispone en 2026 de un presupuesto superior a los 269 millones de pesos, de los cuales más de 214 millones corresponden a su función legislativa. Sus integrantes cuentan con remuneraciones y apoyos que deben ser transparentes. Su Primer Informe registra 103 iniciativas de origen legislativo durante el primer año. Son datos oficiales que permiten iniciar la investigación, pero todavía no bastan para establecer una conclusión definitiva sobre el desempeño individual de cada diputado. Lo que sigue es reconstruir los expedientes personales de los 35 representantes, examinar sus iniciativas, dictámenes, asistencias, votaciones, actividades de fiscalización y responsabilidades dentro de las comisiones. Y paralelamente, determinar con precisión cuánto dinero recibe cada uno, qué recursos administra y cómo se comprueba su utilización.
El presupuesto aprobado no debe confundirse con el gasto ejercido. Una partida autorizada no demuestra que el dinero haya sido entregado, y una cantidad transferida no acredita por sí sola que haya sido utilizada correctamente. Cada etapa requiere su propio documento. Con esa misma precisión deberán abordarse los posibles incumplimientos. No habrá razones para proteger a un diputado por pertenecer a la mayoría, ni para atribuir irregularidades a otro por formar parte de la oposición. Tampoco puede permitirse que una denuncia se convierta en condena antes de que existan pruebas suficientes.
El objetivo de esta investigación no es demostrar anticipadamente que el Congreso es improductivo ni sostener que todos sus integrantes incumplen sus responsabilidades. Es establecer, con documentos y sin excepciones, qué ha hecho cada uno y qué resultados pueden acreditarse frente a los recursos públicos que sostienen la institución. Porque los campechanos no sólo tenemos derecho a conocer cuánto dinero cuesta nuestro Poder Legislativo. Tenemos derecho a saber quién lo recibe, quién lo administra, en qué se utiliza y qué trabajo se realiza con él. En la segunda parte de este trabajo analizaremos que le ha aportado a este Estado cada uno de los legisladores y que tan importante ha sido su presencia en ese foro colegiado.
La representación popular no se justifica únicamente con haber ganado una elección ni con ocupar una curul durante tres años. Se ejerce mediante responsabilidades concretas, se acredita con documentos y se somete al escrutinio ciudadano y cuando hablamos de dinero público, ningún partido, ninguna bancada y ningún diputado debe quedar fuera de ese escrutinio. Porque el dinero es de los campechanos. Y las cuentas, absolutamente todas las cuentas, deben ser claras.