1968: ¿PATRIOTAS O VILLANOS? EL GENERAL QUE HABRÍA EXPULSADO AL EMBAJADOR DE ESTADOS UNIDOS Y LA NOCHE EN QUE DÍAZ ORDAZ TEMIÓ UN GOLPE DE ESTADO

EDITORIAL

Por Tomás Zapata Bosch

La historia de México conserva un episodio que, 58 años después, sigue planteando interrogantes sobre la soberanía nacional, la lealtad de las Fuerzas Armadas y las responsabilidades del poder político. Durante la crisis estudiantil de 1968, el embajador de Estados Unidos en México, Fulton Freeman, habría propuesto al secretario de la Defensa Nacional, general Marcelino García Barragán, derrocar al presidente Gustavo Díaz Ordaz y asumir la Presidencia de la República. El militar mexicano, según testimonios publicados años después, rechazó terminantemente el ofrecimiento y expulsó al diplomático de su despacho. La historia adquiere una dimensión todavía mayor con el relato de una visita de García Barragán a Los Pinos, acompañado por altos mandos militares, en momentos en que Díaz Ordaz temía ser depuesto. En lugar de exigirle la entrega del poder, los militares le habrían reiterado su lealtad. Son dos episodios extraordinarios que merecen investigarse sin confundir las declaraciones de sus protagonistas con los hechos documentalmente comprobados.

La primera versión tiene nombre, apellido, periodista y fecha de publicación. Fue Miguel Nazar Haro, antiguo funcionario de la Dirección Federal de Seguridad y posteriormente director de ese organismo, quien relató al periodista Gustavo Castillo García que el embajador Fulton Freeman había buscado a García Barragán para proponerle un golpe de Estado. La declaración apareció en La Jornada el domingo 29 de enero de 2012, página 2, bajo el encabezado En 68, García Barragán no quiso dar golpe de Estado ordenado por EU: Nazar. Según Nazar, Washington temía que el movimiento estudiantil desembocara en una revolución y Freeman pidió al general que desplazara al presidente para controlar la situación. García Barragán habría respondido que no pasaría a la historia como traidor a la patria. Nazar fue todavía más explícito al describir la reacción del secretario de la Defensa: afirmó que mandó al embajador a la chingada. No estamos, por tanto, ante una frase creada para este editorial, sino ante una declaración atribuida directamente a Nazar Haro y recogida por un periodista identificado en un periódico de circulación nacional.

Existe un antecedente periodístico que fortalece la relevancia de la investigación. El 2 de octubre de 2003, nueve años antes de aquella entrevista con Nazar Haro, La Jornada publicó una investigación en la que recogió las versiones de los generales Alberto Quintanar y Luis Gutiérrez Oropeza. Quintanar sostuvo que Washington había ofrecido la conducción del país al entonces secretario de la Defensa Nacional, Marcelino García Barragán, quien rechazó la propuesta. Gutiérrez Oropeza, jefe del Estado Mayor Presidencial durante el gobierno de Díaz Ordaz, fue más lejos: en su libro La realidad de los acontecimientos de 1968 acusó al embajador Fulton Freeman de haber organizado una conspiración contra el presidente mexicano con asesoría de la CIA y de buscar partidarios entre los militares. La importancia de estas declaraciones radica en que proceden de personajes que ocuparon posiciones cercanas al poder militar. Sin embargo, las versiones de Quintanar, Gutiérrez Oropeza y Nazar Haro no son completamente coincidentes, y ninguno de esos testimonios, por sí solo, demuestra que el gobierno estadounidense hubiera autorizado formalmente un golpe de Estado.

Pero el episodio que mejor expresa la dimensión humana e institucional de aquella crisis habría ocurrido en la residencia presidencial de Los Pinos. La reconstrucción publicada por Alexei Chévez Silveti en El Independiente, el 26 de agosto de 2022, refiere que, después de la tragedia de Tlatelolco, el presidente Gustavo Díaz Ordaz recibió una noticia que debió estremecerlo: el secretario de la Defensa Nacional, general Marcelino García Barragán, se dirigía a verlo acompañado por los jefes de las comandancias de las zonas militares del país. No se trataba de una visita ordinaria ni de una audiencia solicitada por un funcionario de su gabinete. Según aquel relato, se presentaba ante el presidente una representación de los mandos territoriales del Ejército mexicano, precisamente cuando el país atravesaba una de las crisis políticas más graves de su historia contemporánea. Díaz Ordaz habría interpretado aquella presencia colectiva como el anuncio de su caída. Pensó que los generales acudían a exigirle la renuncia, que la institución militar había decidido retirarle su respaldo y que su gobierno estaba por terminar. Se colocó la banda presidencial y se dispuso a recibirlos, esperando escuchar de boca de García Barragán las palabras que ningún presidente desea oír: que debía abandonar el poder.

Y entonces habría ocurrido exactamente lo contrario. De acuerdo con la reconstrucción de Chévez Silveti, el general García Barragán no llegó para exigir la renuncia del presidente ni para anunciar la instalación de un gobierno militar. Llegó para reiterarle su lealtad. Los comandantes que lo acompañaban, según esa versión, tampoco acudían a desconocer la autoridad presidencial, sino a expresar su subordinación al mando constitucional. El hombre que Díaz Ordaz imaginaba como posible sucesor por la fuerza se presentaba ante él para reconocerlo como presidente de la República. La escena, si ocurrió en los términos narrados, constituye una de las expresiones más significativas de disciplina institucional que pueden atribuirse a aquellos días: militares que, teniendo bajo su mando tropas y recursos de fuerza, habrían decidido no utilizarlos para sustituir al gobierno. No acudían a tomar el poder, sino a reconocer los límites de su propia autoridad. Allí radicaría la grandeza de aquella decisión y la integridad de los oficiales que la hubieran compartido: comprender que las armas de la República no son patrimonio personal de los generales, que el Ejército no es dueño de la Presidencia y que la fuerza militar debe permanecer subordinada al orden constitucional.

Otra narración del encuentro, recogida en una investigación académica conservada por El Colegio de San Luis, describe a Díaz Ordaz recibiendo inesperadamente a García Barragán y expresando una actitud de subordinación ante el general, quien inmediatamente le habría reiterado que era él quien estaba a las órdenes del presidente. La fuente reconoce que la anécdota procede de un relato indirecto, atribuido a un periodista cuya identidad no se revela. Es una limitación importante. La escena tiene valor como testimonio histórico transmitido por terceros, pero no constituye una prueba definitiva de las palabras pronunciadas. Tampoco hemos podido establecer que Díaz Ordaz la haya registrado literalmente en sus memorias inéditas, citadas por Enrique Krauze en La presidencia imperial. El periodismo serio no necesita inventar certezas para reconocer la trascendencia de una historia.

Un tercer encuentro, diferente de la visita colectiva de los comandantes, aparece en los documentos personales de García Barragán que su hijo Javier García Paniagua entregó al periodista Julio Scherer García en 1998. Parte de ese material fue publicado por Scherer y Carlos Monsiváis en el libro Parte de guerra. Tlatelolco 1968, editado por Aguilar en 1999. García Paniagua relató que, durante la noche del 3 de octubre de 1968, Díaz Ordaz habría presentado a su padre un proyecto para suspender las garantías individuales y que el general se opuso a esa decisión. Según el testimonio, García Barragán llegó a romper el documento. Esta versión resulta especialmente significativa porque describe una diferencia entre el presidente y su secretario de la Defensa inmediatamente después de la matanza. Pero también debe conservarse su naturaleza testimonial: no se ha presentado aquí el supuesto proyecto original con una constancia oficial de su destrucción.

Hasta este punto tenemos declaraciones identificables, libros publicados y relatos periodísticos sobre la posibilidad de un golpe militar. Pero existe una segunda línea de investigación que cuenta con documentos oficiales estadounidenses desclasificados. El 18 de octubre de 2006, el periodista Jefferson Morley publicó, a través del National Security Archive de la Universidad George Washington, el trabajo LITEMPO: Los ojos de la CIA en Tlatelolco. La investigación demostró que Winston Scott, jefe de la estación de la CIA en México entre 1956 y 1969, había establecido una red de relaciones confidenciales con altos funcionarios mexicanos. Según los documentos examinados por Morley, Scott reclutó a doce colaboradores en las altas esferas del gobierno mexicano entre 1956 y 1969. La red LITEMPO incluía contactos con Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría y funcionarios de seguridad. El programa permitía intercambiar información política sensible por canales distintos de la diplomacia pública. Es decir, mientras algunos militares mexicanos denunciaron posteriormente una supuesta conspiración estadounidense contra Díaz Ordaz, los archivos de la propia CIA muestran que Washington mantenía una estrecha relación de inteligencia con el régimen presidencial mexicano.

La investigación ha adquirido una dimensión todavía más relevante con documentos divulgados recientemente. El 1 de octubre de 2026, los investigadores Claire Dorfman y Arturo Jiménez-Bacardí publicaron en el National Security Archive el estudio The CIA Station in Mexico: The Last JFK Assassination Records Secrets. Su trabajo examinó la historia interna de la estación de la CIA en México, redactada por Anne L. Goodpasture, colaboradora de Winston Scott. Se trata de una historia de tres volúmenes y 539 páginas, de las cuales la agencia entregó inicialmente solamente 227 páginas a investigadores del Congreso estadounidense en 1978. La versión revisada en 2025 conserva secciones censuradas, especialmente entre las páginas 331 y 341, relacionadas con operaciones contra grupos estudiantiles antes de la matanza de Tlatelolco. Estamos ante información concreta, con fechas, responsables y documentos oficiales identificados. No se trata de rumores sobre archivos secretos, sino de documentación cuya existencia reconoce el propio gobierno estadounidense y cuyo contenido completo todavía no se conoce.

La revelación más delicada de octubre de 2026 se relaciona precisamente con Miguel Nazar Haro, el hombre que años después contaría la supuesta expulsión del embajador Fulton Freeman. Dorfman y Jiménez-Bacardí documentaron que Nazar Haro fue incorporado a la red LITEMPO mediante Fernando Gutiérrez Barrios, entonces director de la Dirección Federal de Seguridad. Los documentos identifican a Gutiérrez Barrios con la clave LITEMPO-4 y a Nazar Haro con LITEMPO-12. También revelan que la CIA patrocinó la capacitación de Nazar Haro en la Academia Internacional de Policía en Estados Unidos durante 1965. A su regreso, Nazar encabezó un grupo de aproximadamente veinte agentes dedicados a actividades de inteligencia contra objetivos considerados subversivos. Entre 1966 y 1969, según los archivos examinados, el equipo de Nazar produjo alrededor del veinte por ciento de la información de inteligencia útil generada por la estación de la CIA en México. El dato es extraordinario porque obliga a examinar críticamente la declaración que Nazar hizo en 2012: quien aseguró que García Barragán había expulsado al embajador estadounidense también había mantenido vínculos operativos con la inteligencia de ese país. Esa circunstancia no demuestra que su testimonio fuera falso, pero sí hace indispensable corroborarlo con fuentes independientes.

Los mismos documentos difundidos el 1 de octubre de 2026 revelan operaciones estadounidenses de influencia dentro del movimiento estudiantil mexicano. La investigación de Dorfman y Jiménez-Bacardí establece que la CIA apoyó al Movimiento Universitario de Renovadora Orientación, conocido como MURO, una organización anticomunista que realizaba acciones de hostigamiento contra grupos estudiantiles de izquierda. Un informe de inteligencia estadounidense de 1967 describía al MURO como una organización con aproximadamente doscientos integrantes dedicados a acciones de choque. Los investigadores también identificaron operaciones de financiamiento, propaganda y penetración política desarrolladas por la CIA mediante organizaciones civiles y estudiantiles. El periódico La Jornada, en una información publicada el 1 de octubre de 2026 por sus corresponsales Jim Cason y David Brooks, retomó esos hallazgos y destacó que la agencia estadounidense continúa ocultando información relevante sobre sus actividades en México antes y después de Tlatelolco. Esto permite afirmar, con respaldo documental, que Estados Unidos intervino clandestinamente en determinados sectores de la vida política mexicana. Lo que todavía no permite afirmar es que el presidente Lyndon B. Johnson hubiera ordenado a Fulton Freeman derrocar a Díaz Ordaz.

La contradicción resulta evidente. Por un lado, tres antiguos funcionarios mexicanos sostuvieron que el embajador estadounidense intentó promover un golpe de Estado. Por otro, los documentos desclasificados demuestran que la CIA mantenía relaciones estrechas con el presidente mexicano y con su aparato de seguridad. ¿Existían sectores estadounidenses que desconfiaban de Díaz Ordaz mientras otros colaboraban con él? ¿Pudo Fulton Freeman haber realizado una gestión no autorizada por Washington? ¿Interpretaron los militares mexicanos como una propuesta de golpe alguna conversación diplomática sobre la estabilidad del gobierno? ¿O fue construida posteriormente una versión destinada a presentar a determinados mandos militares como defensores de la soberanía nacional? Estas preguntas no pueden resolverse mediante suposiciones. Exigen localizar comunicaciones diplomáticas, registros de reuniones, informes militares y testimonios independientes.

También sería un error histórico convertir automáticamente a García Barragán en un héroe por su presunta negativa a participar en un golpe militar. El 2 de octubre de 1968 ocurrió una operación represiva contra el movimiento estudiantil que dejó muertos, heridos y detenidos. García Barragán era el secretario de la Defensa Nacional. En Parte de guerra. Tlatelolco 1968, Julio Scherer y Carlos Monsiváis reprodujeron documentos y testimonios que atribuyeron responsabilidades a diferentes mandos militares, particularmente al general Luis Gutiérrez Oropeza, jefe del Estado Mayor Presidencial. La documentación de García Barragán sostuvo que determinadas operaciones se ejecutaron sin su conocimiento completo. Pero esa versión debe confrontarse con otras fuentes y con la cadena institucional de mando. La existencia de conflictos entre generales no demuestra por sí sola la inocencia de ninguno. La responsabilidad de quienes dirigían las instituciones debe analizarse tanto por las órdenes que emitieron como por las acciones que permitieron o no impidieron.

Gustavo Díaz Ordaz tampoco puede ser examinado únicamente como el presidente que, según una anécdota, temió ser derrocado y recibió una declaración de lealtad. Fue el jefe del Estado mexicano durante una crisis política que culminó en la matanza de Tlatelolco. En sus memorias inéditas, conocidas parcialmente por las referencias de Enrique Krauze, el expresidente defendió su interpretación del movimiento estudiantil y atribuyó la agitación a grupos de orientaciones políticas muy diversas. Pero las investigaciones del National Security Archive y los documentos del Departamento de Estado estadounidense muestran que las demandas estudiantiles tenían profundas raíces internas relacionadas con el autoritarismo del sistema político. El temor a una conspiración no constituye una justificación histórica suficiente para la represión. Tampoco una eventual amenaza contra la Presidencia elimina las obligaciones constitucionales de quienes ejercían el poder.

A 58 años de aquellos acontecimientos, las investigaciones históricas y periodísticas permiten distinguir tres niveles de certeza. Está documentalmente acreditada la penetración de la CIA en importantes estructuras de inteligencia y seguridad del gobierno mexicano. Está acreditado que antiguos funcionarios y generales declararon públicamente que Fulton Freeman había propuesto a García Barragán encabezar un golpe de Estado. Y existe una narración periodística identificable sobre una visita de altos mandos militares a Los Pinos para reiterar su lealtad a Díaz Ordaz. Lo que permanece sin demostrarse de manera concluyente es la autorización estadounidense del supuesto golpe, la relación precisa entre aquel ofrecimiento y la visita presidencial, la identidad de todos los comandantes que habrían acompañado al secretario de la Defensa y el contenido literal de las conversaciones. Esas diferencias no debilitan la investigación; por el contrario, establecen con claridad dónde termina la evidencia y dónde comienza la necesidad de continuar investigando.

¿PATRIOTAS O VILLANOS? La pregunta debe permanecer abierta al examen de los hechos. Si Marcelino García Barragán rechazó una propuesta extranjera para sustituir por la fuerza al presidente constitucional, esa decisión merece ser analizada como una defensa de la legalidad institucional. Pero su responsabilidad como secretario de la Defensa durante Tlatelolco exige un examen igualmente riguroso. Si Díaz Ordaz recibió una demostración de lealtad militar cuando temía perder el poder, el episodio revelaría la importancia que tuvo la disciplina de las Fuerzas Armadas para la continuidad de su gobierno. Sin embargo, esa continuidad también estuvo acompañada por la represión de ciudadanos que reclamaban libertades democráticas. Y si Estados Unidos mantuvo redes clandestinas de influencia política dentro de México, como demuestran sus propios archivos, debemos exigir el esclarecimiento completo de sus operaciones sin atribuirle acciones específicas que todavía no están probadas.

La historia de 1968 no puede reducirse a una confrontación entre buenos y malos, ni tampoco debe servir para justificar los abusos del poder. La soberanía nacional no pertenece al presidente, al secretario de la Defensa ni a una potencia extranjera. Pertenece al pueblo mexicano. Por eso, el patriotismo no consiste solamente en impedir un golpe de Estado, sino también en respetar la Constitución y proteger la vida y los derechos de los ciudadanos. Los documentos publicados por el National Security Archive en octubre de 2026 demuestran que todavía existen páginas censuradas sobre las operaciones estadounidenses en México. Mientras esos archivos permanezcan incompletos, habrá preguntas pendientes. Y mientras no se esclarezcan plenamente las responsabilidades de quienes dirigían el país en 1968, seguirá siendo legítimo preguntarnos si aquellos hombres defendieron a la patria, defendieron al régimen o defendieron su propia permanencia en el poder.

Porque la lealtad a un presidente puede explicar una conducta militar, pero solamente la lealtad a la Constitución y al pueblo de México puede dar verdadero sentido al patriotismo