Por Tomás Zapata BOSCH
Han pasado 29 años desde aquel 19 de octubre de 1997 y recuerdo perfectamente esa tarde y esa noche porque no me las contaron. Mi casa estaba a solamente tres casas de la Plaza de la República, escenario de uno de los momentos políticos más tensos que haya vivido Campeche en su historia reciente.
Después de las elecciones de aquel año se había instalado en la Plaza de la República el llamado Movimiento de Resistencia Pacífica, encabezado por Layda Sansores. La disputa política había polarizado profundamente al estado y aquel 19 de octubre la tensión terminó desbordándose. Intervinieron las fuerzas de seguridad, fueron utilizados gases lacrimógenos y se produjo el desalojo de manifestantes. Meses después, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos investigaría estos hechos y emitiría la Recomendación 66/1998, en la que solicitó iniciar procedimientos para determinar responsabilidades de funcionarios y elementos del Grupo Antimotines que participaron en el operativo.
Yo estaba en mi casa con mi esposa, mis hijos pequeños y mi madre cuando comenzó todo. De pronto el gas lacrimógeno empezó a extenderse por la zona y algunas personas que huían de la Plaza de la República corrieron por nuestra calle buscando dónde resguardarse. Mi primera preocupación, naturalmente, fue proteger a mi familia.
Cruzamos entonces a la casa de doña María, propietaria del restaurante Miramar y esposa del legendario don Hernán Cetina Riera. Nunca he olvidado su actitud aquella noche. Nos abrió las puertas de su casa y permitió también que otras personas buscaran refugio. Dos de ellas terminaron quedándose ahí con nosotros mientras afuera continuaba la confusión.
El gas llegaba hasta las viviendas. Hubo que cerrar la parte baja de la casa, aunque doña María permanecía pendiente para abrirle a quien necesitara auxilio. Subimos y desde ahí apenas podíamos observar lo que sucedía entre la nube que cubría aquella parte de la ciudad. Empapamos toallas, camisas de sus hijos y de sus nietos y las utilizamos para cubrirles la cara a mis hijos y a las personas que se habían refugiado con nosotros.
Quiero ser absolutamente preciso porque después de tantos años la memoria también debe manejarse con responsabilidad. Sería mentira afirmar que fui testigo presencial de cada golpe o de cada agresión ocurrida aquella noche. No lo fui. En el momento más crítico estaba tratando de proteger a mi familia dentro de la casa de doña María y desde ahí observábamos solamente fragmentos de lo que sucedía entre el gas y la confusión.
Pero tampoco necesito inventar nada. Los hechos fueron posteriormente investigados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La CNDH documentó la intervención policial, el empleo de gases lacrimógenos y las denuncias de agresiones, y pidió investigar administrativamente la actuación de los responsables del operativo. También dejó constancia de conductas indebidas atribuidas a algunos participantes de la protesta y descartó afirmaciones que no pudieron comprobarse. Eso es importante decirlo porque la historia debe contarse completa, no acomodarse a las filias o a las fobias de cada quien.
Lo que yo sí puedo contar es el miedo de una familia que estaba a unos metros de la Plaza de la República, el gas entrando por las calles, personas corriendo en busca de refugio y una mujer como doña María abriendo generosamente su casa en medio de una situación que nadie sabía hasta dónde podía llegar.
Con el paso de los años uno puede discutir las razones políticas de unos y otros, revisar aquella elección, analizar las responsabilidades de los dirigentes y estudiar las decisiones de quienes gobernaban. Todo eso corresponde a la historia y debe hacerse con documentos y con rigor.
Pero existe una lección que para mí permanece intacta después de 29 años. La fuerza pública existe para proteger a los ciudadanos y preservar el orden dentro de la ley. Nunca debe convertirse en instrumento de venganza política ni utilizarse indiscriminadamente contra la población. Cuando una autoridad pierde esa frontera, el problema deja de ser de un partido o de un gobierno y se convierte en un problema de todos.
Aquella fue una noche difícil para Campeche. Una noche de miedo, polarización y enfrentamiento que debe permanecer en nuestra memoria colectiva no para alimentar viejos odios, sino exactamente para lo contrario: para recordar hasta dónde puede llegar una sociedad cuando la política deja de encontrar caminos institucionales para resolver sus diferencias.
No me interesa, 29 años después, escribir estas líneas para repartir culpas partidistas ni para reabrir heridas. Me interesa recordar lo que viví y lo que posteriormente quedó documentado. Porque los gobiernos cambian, los partidos cambian y también cambian quienes están de un lado y del otro del poder. Por eso la lección tiene que servir para todos.
Nunca más la fuerza pública contra la ciudadanía. Nunca más un Campeche donde una diferencia política termine convirtiendo nuestras calles en un espacio de miedo. El 19 de octubre de 1997 debe permanecer en nuestra historia precisamente para que nunca tengamos que vivir otro 19 de octubre.