
Por Tomás Zapata Bosch
Los recientes operativos federales realizados en diversos establecimientos comerciales de Campeche abren una discusión que va mucho más allá de las mercancías que se venden en sus anaqueles. Se trata de un asunto relacionado con la legalidad, la certidumbre jurídica, la protección del empleo y las consecuencias económicas que puede provocar una intervención de las autoridades.
Nadie puede cuestionar la obligación del Estado mexicano de combatir el contrabando, la comercialización de productos de procedencia ilícita y cualquier otra irregularidad que perjudique al comercio establecido. Por el contrario, la aplicación de la ley constituye una condición indispensable para garantizar una competencia justa entre quienes cumplen sus obligaciones fiscales y quienes eventualmente pudieran evadirlas.
Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre investigar una posible irregularidad y establecer una responsabilidad. Una diligencia ministerial, un aseguramiento o la colocación de sellos en un establecimiento no equivalen, por sí mismos, a una sentencia ni acreditan automáticamente la comisión de un delito.
En Campeche, los recientes procedimientos contra diversos comercios, entre ellos establecimientos conocidos como Kositerías, provocaron incertidumbre entre trabajadores, proveedores y consumidores. La información publicada sobre la posterior reapertura de algunos locales vuelve especialmente pertinente una pregunta: ¿qué sucede con las consecuencias económicas y reputacionales de un negocio mientras las autoridades investigan?
Porque detrás de cada cortina metálica que permanece cerrada hay trabajadores que dependen de un salario, proveedores que esperan cobrar sus mercancías, arrendadores, transportistas y familias que forman parte de una cadena económica mucho más amplia de lo que parece.
Por supuesto, una reapertura tampoco significa necesariamente que todas las investigaciones hayan concluido o que las autoridades hayan reconocido alguna actuación indebida. Cada procedimiento tiene sus propias características jurídicas y corresponde a las instancias competentes explicar sus alcances, resultados y fundamentos.
Pero precisamente por eso resulta indispensable que exista información oficial suficiente, oportuna y verificable. Cuando una intervención adquiere notoriedad pública y después algunos establecimientos reanudan operaciones, la ciudadanía merece conocer qué ocurrió, qué se investigó, qué se acreditó y cuáles fueron las razones legales que permitieron levantar las restricciones.
El problema no consiste en que las autoridades investiguen. El verdadero riesgo aparece cuando la incertidumbre se prolonga y la información disponible resulta insuficiente para distinguir entre una sospecha, una medida precautoria y una responsabilidad demostrada.
Campeche necesita inversiones, empleos y una actividad comercial dinámica. También necesita instituciones capaces de combatir las irregularidades sin comprometer las garantías legales que corresponden a cualquier persona física o moral.
La legalidad no puede convertirse en un obstáculo para la actividad económica, pero tampoco debe utilizarse el argumento de la generación de empleos como pretexto para tolerar posibles delitos. Ambos principios pueden y deben coexistir.
De ahí la importancia de que las investigaciones sean técnicamente sólidas, jurídicamente fundadas y respetuosas del debido proceso. Una actuación correcta protege al consumidor, al comercio formal y al propio prestigio de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley.
Al final, lo que está en juego no es solamente el futuro de unas cuantas tiendas. Es la confianza de quienes trabajan, invierten y emprenden en Campeche.
Porque investigar es una obligación del Estado. Demostrar las responsabilidades también. Y garantizar que la aplicación de la ley no produzca daños injustificados constituye una exigencia elemental de cualquier Estado de derecho.