DOMINGO CAMPECHANO

LOS NOMBRES QUE EL PODER NO PUDO BORRAR

Por Tomás Zapata Bosch

El 19 de noviembre de 1932 ocurrió en Campeche un episodio que, visto a casi un siglo de distancia, merece algo más que una simple referencia en las efemérides. El gobierno decidió cambiar los nombres de cuatro de los barrios más antiguos y entrañables de nuestra ciudad. Quiso sustituir denominaciones que habían sobrevivido durante generaciones por otras inspiradas en personajes de la historia nacional y estatal. Sin embargo, el tiempo terminó demostrando que una cosa es modificar la nomenclatura oficial y otra, muy distinta, cambiar la memoria de un pueblo.

Gobernaba entonces Campeche Benjamín Romero Esquivel, quien había asumido el poder constitucional el 16 de septiembre de 1931, en una época en la que don Ángel Castillo Lanz, antiguo gobernador y figura predominante del Partido Socialista Agrario del Sureste, conservaba una influencia decisiva sobre la política estatal. Era una especie de maximato regional, un poder que no necesariamente necesitaba ocupar la gubernatura para hacerse sentir en las decisiones fundamentales del gobierno.

El historiador campechano Ángel Omar May González ha estudiado aquel fenómeno político, al que identifica como una suerte de minimato campechano. Por su parte, José Alberto Abud Flores, en su obra Después de la Revolución: los caciques y el nuevo Estado (Campeche, 1923-1943), analiza las relaciones de poder entre Castillo Lanz, los gobernadores y las distintas facciones del socialismo campechano. Eran tiempos de enormes rivalidades, enfrentamientos internos y disputas por el control de las instituciones.

En ese ambiente, mediante el decreto número 90, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Socialista del Estado de Campeche el 19 de noviembre de 1932, se dispuso que San Román pasara a llamarse Vicente Guerrero; San Francisco, Pablo García; Santa Ana, Tomás Aznar Barbachano; y Santa Lucía, Leandro Domínguez. También la plazuela de San Martín, en el barrio de Guadalupe, recibió el nombre de 7 de Agosto.

No se trataba de una ocurrencia aislada ni de un simple trámite administrativo. Era una manifestación de la política anticlerical de aquellos años, cuando determinados sectores revolucionarios pretendían sustituir los símbolos religiosos por referentes cívicos y políticos. La disputa entre el Estado y la Iglesia había llegado incluso a los nombres de los lugares donde vivían los campechanos.

El investigador Fernando Jesús Cab Pérez, en su trabajo La lucha por las conciencias. Anticlericalismo revolucionario y religión católica en Campeche, 1931-1939, documenta aquella ofensiva ideológica, las restricciones al culto y las campañas de secularización emprendidas durante los gobiernos de Romero Esquivel y Eduardo Mena Córdova. La confrontación alcanzaría momentos particularmente intensos en 1934, cuando se endurecieron las disposiciones contra las actividades religiosas.

Pero aquella etapa del socialismo campechano tuvo también contradicciones verdaderamente sorprendentes. Y aquí quiero incorporar un recuerdo personal que he conservado durante muchos años.

Tuve oportunidad de conversar largamente con don Pedro Tello Andueza, quien desempeñó importantes responsabilidades políticas durante aquellos gobiernos, fue secretario general de Gobierno y llegó incluso a ocupar interinamente la gubernatura. Don Pedro había conocido desde dentro las entrañas del Partido Socialista Agrario del Sureste y sus testimonios constituían una fuente extraordinaria para comprender las pasiones, las rivalidades y las contradicciones de aquella generación.

Me relataba que las pugnas entre los propios militantes socialistas eran reiteradas y sistemáticas. No se trataba únicamente de diferencias ideológicas. Había enfrentamientos personales, disputas por posiciones políticas y rivalidades que llegaban a extremos difíciles de imaginar. El socialismo campechano, que públicamente proclamaba determinados principios de unidad revolucionaria, estaba lejos de constituir un bloque monolítico.

En alguna ocasión don Pedro me contó un episodio tan curioso como doloroso, que retrata las contradicciones de aquella época.

Según su relato, durante las campañas anticlericales se sacaban imágenes religiosas de sus nichos en las iglesias para trasladarlas a la explanada del antiguo templo de San José, donde eran incendiadas públicamente. A aquellos actos acudían destacados personajes de la política local, emulando las campañas desfanatizadoras que se desarrollaban en distintas regiones del país bajo la influencia del callismo.

Imagínense ustedes la escena. Las imágenes de los santos, veneradas durante generaciones por las familias campechanas, terminaban consumidas por las llamas ante la presencia de revolucionarios que consideraban aquellas manifestaciones religiosas incompatibles con sus convicciones políticas.

Pero aquí viene lo verdaderamente interesante.

Don Pedro me contaba que algunos de aquellos revolucionarios quemasantos, no todos, por supuesto, terminaban por las noches en las quintas situadas en los alrededores de la ciudad, donde el obispo de Campeche oficiaba misas discretamente para las familias de los propios políticos revolucionarios.

Y allí estaban algunos de los mismos personajes que por la mañana habían participado en las manifestaciones anticlericales, llevados prácticamente a rastras por sus esposas, mujeres que no estaban dispuestas a renunciar a sus convicciones religiosas por más revolucionarios que fueran sus maridos.

¡Vaya contradicción!

Por la mañana, revolucionarios de convicciones aparentemente inquebrantables, dispuestos a combatir las manifestaciones religiosas. Por la noche, asistentes a las ceremonias católicas que sus propias familias se empeñaban en conservar.

Desde luego, conviene hacer una distinción fundamental. No todos actuaban de esa manera. Había hombres de convicciones anticlericales firmes, como Benjamín Romero Esquivel y Ángel Castillo Lanz, mientras que en las distintas corrientes del socialismo campechano militaron también figuras como Ulises Sansores, Fernando Angli y Ramón Félix Flores, cuyas trayectorias y posiciones políticas merecen estudiarse individualmente.

Y había otros, según me relataba don Pedro, bastante más acomodaticios, verdaderos villamelones de la política y de las convicciones religiosas, que podían mostrarse radicales frente a sus compañeros y terminar asistiendo discretamente a las ceremonias católicas.

De estos últimos prefiero reservarme los nombres. Algunos de sus nietos y bisnietos son amigos míos y no encuentro necesidad de lastimar susceptibilidades familiares por acontecimientos ocurridos hace casi un siglo.

Aclaro también que esta anécdota procede del testimonio personal de don Pedro Tello Andueza. No pretendo presentarla como un episodio documentalmente acreditado en cada uno de sus detalles. La recuerdo porque me fue contada por un hombre que participó directamente en aquella vida política y porque retrata, desde su perspectiva, una realidad humana que muchas veces queda fuera de los documentos oficiales.

La hipocresía, por desgracia, tampoco ha sido ajena a nuestra historia política. Y no me refiero exclusivamente a aquellos años. Me refiero a esa vieja costumbre de proclamar públicamente convicciones que en privado se acomodan a las conveniencias personales. Una conducta que, con distintas manifestaciones, ha acompañado durante mucho tiempo a nuestra sociedad.

Es precisamente en aquel ambiente de dogmatismos, rivalidades y profundas contradicciones donde debemos situar la decisión de cambiar los nombres de los barrios tradicionales de Campeche.

Porque San Román no era simplemente una denominación religiosa. Era el barrio de los antiguos astilleros, de los carpinteros de ribera y de los hombres que construyeron embarcaciones cuando Campeche desarrollaba una importante actividad marítima. Era también el santuario del Cristo Negro, una devoción profundamente arraigada en generaciones de campechanos. Llamarlo Vicente Guerrero no podía borrar, por decreto, siglos de historia y tradiciones.

San Francisco tenía una identidad igualmente poderosa. Sus raíces se remontan a los antiguos asentamientos indígenas y a los primeros tiempos de la presencia española. Fue barrio de pescadores, trabajadores y familias que construyeron una intensa vida comunitaria. Allí florecieron espacios culturales y de entretenimiento como el Circo-Teatro Renacimiento. Sustituir su nombre por el de Pablo García, fundador de nuestro estado, significaba honrar a un personaje histórico respetable, pero también intentar reemplazar una denominación profundamente incorporada a la vida cotidiana.

Santa Ana tampoco era un nombre cualquiera. Sus orígenes estuvieron vinculados con poblaciones de trabajadores, agricultores y familias que hicieron de sus quintas, huertos y espacios domésticos una parte importante de la economía de la antigua ciudad. El nombre de Tomás Aznar Barbachano, otro protagonista de nuestra historia política, podía tener una justificación cívica, pero difícilmente podía sustituir el sentimiento de pertenencia que despertaba aquel barrio.

Y Santa Lucía, durante mucho tiempo uno de los asentamientos más apartados del recinto amurallado, conservaba características propias de una comunidad ligada al trabajo agrícola y a tradiciones que resistieron el paso de los siglos. La denominación de Leandro Domínguez tampoco consiguió desplazar el nombre con el que sus habitantes identificaban sus calles, su templo y su comunidad.

La historiadora Fausta Gantús, en sus investigaciones sobre los barrios campechanos de los siglos XIX y XX, ha recuperado precisamente esa riqueza social, económica y cultural. Sus estudios permiten comprender que cada barrio poseía características propias y que, lejos de constituir simples divisiones administrativas, aquellos espacios eran comunidades con identidad y memoria.

Y aquí aparece una de las grandes lecciones de nuestra historia.

Los barrios de Campeche no fueron simples divisiones territoriales. Fueron comunidades formadas por distintos grupos sociales, actividades económicas, expresiones culturales y creencias. La muralla separaba físicamente al recinto central de buena parte de aquellos asentamientos, pero también expresaba las diferencias sociales de la época colonial. Fuera de sus piedras se desarrolló una parte fundamental de la personalidad campechana.

Resulta especialmente significativo que, a pesar de las disposiciones oficiales, los nombres tradicionales terminaran prevaleciendo en el lenguaje cotidiano y en la identificación de los barrios.

No existe fundamento para afirmar que todos los campechanos se opusieron organizadamente al cambio o que se produjo una rebelión popular contra aquella decisión. Lo que sí sabemos es que los nombres fueron modificados oficialmente y que, con el transcurso del tiempo, las denominaciones tradicionales sobrevivieron.

Y eso resulta todavía más elocuente.

Porque no fue necesario organizar una revolución para que San Román siguiera siendo San Román, San Francisco continuara siendo San Francisco, Santa Ana conservara su nombre y Santa Lucía permaneciera en la memoria de sus habitantes.

Bastó con que generaciones enteras siguieran llamándolos como siempre los habían llamado.

Tampoco se trata de cuestionar los méritos de Vicente Guerrero, Pablo García, Tomás Aznar Barbachano o Leandro Domínguez. Todos forman parte de la historia que debemos conocer y respetar. El problema aparece cuando el reconocimiento de unos personajes pretende construirse mediante la sustitución de símbolos que ya tienen un significado profundo para una comunidad.

Hay una reflexión todavía más importante.

La identidad de Campeche no se construyó exclusivamente desde los despachos gubernamentales ni desde las decisiones de sus dirigentes. Se fue formando también en las calles, los mercados, las iglesias, los astilleros, las plazas y los hogares de sus barrios. Allí convivieron generaciones de hombres y mujeres que, muchas veces sin aparecer en los libros, dieron forma a nuestra ciudad.

Y quizá debamos recordar que algunas de las murallas más difíciles de derribar no son las que se construyen con piedras, sino aquellas que levantamos con nuestros dogmatismos, nuestras intolerancias y nuestra incapacidad para respetar las convicciones de los demás.

Aquellos socialistas campechanos tuvieron aciertos, errores, contradicciones y enfrentamientos. Fueron protagonistas de una época compleja que merece estudiarse sin prejuicios, sin idealizaciones y sin condenas simplistas. Pero también sin ocultar los excesos y las incongruencias que acompañaron algunas de sus decisiones.

Por eso recuerdo con especial afecto aquellas conversaciones con don Pedro Tello Andueza. Porque detrás de los decretos, de las proclamas revolucionarias y de los nombres que aparecen en los libros de historia, siempre existieron seres humanos con virtudes, defectos, pasiones y contradicciones.

Y porque la historia de Campeche, cuando se conoce a través de quienes la vivieron, suele resultar mucho más compleja y reveladora que la versión solemne de los documentos oficiales.

Noventa y cuatro años después de aquel decreto de noviembre de 1932, seguimos hablando de San Román, San Francisco, Santa Ana y Santa Lucía. Nadie necesita consultar una disposición gubernamental para saber dónde se encuentra cada uno. Son nombres que pertenecen al lenguaje cotidiano, a la geografía sentimental y a la memoria colectiva de Campeche.

Los gobiernos cambian. Los partidos desaparecen o se transforman. Los dirigentes pasan y sus decisiones quedan sometidas al juicio de la historia.

Pero hay cosas que permanecen.

Campeche ha cambiado de autoridades, de proyectos políticos y de generaciones. Sus murallas han resistido guerras, transformaciones urbanas y el paso inevitable del tiempo. Y sus barrios tradicionales conservan algo que ninguna disposición administrativa pudo sustituir: el reconocimiento de quienes los habitan y de quienes aprendimos a quererlos.

Porque los gobiernos pueden cambiar las placas de las calles, modificar los registros oficiales y publicar decretos en el Periódico Oficial. Lo que no pueden garantizar es que esas decisiones arraiguen en la conciencia de una comunidad.

Al final, los nombres que permanecieron no fueron necesariamente los que quiso imponer el poder, sino los que el pueblo siguió pronunciando.

Y esa, también, es una manera de escribir la historia.