EDITORIAL | Por Tomás Zapata Bosch
La renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral, en medio de uno de los mayores escándalos relacionados con la contratación de proveedores electorales, ha terminado por destapar una situación que también alcanza a Campeche. Y no estamos hablando de rumores, de pleitos entre partidos políticos ni de las acostumbradas descalificaciones que tanto abundan en nuestra vida pública. Estamos hablando de contratos, de empresas, de nombres y de cantidades perfectamente identificables. Estamos hablando de más de 62 millones de pesos del presupuesto del Instituto Electoral del Estado de Campeche que fueron destinados, en dos procesos electorales distintos, a compañías que hoy aparecen mencionadas en investigaciones nacionales sobre presuntas irregularidades en la contratación de materiales electorales.
El asunto es suficientemente delicado como para no reducirlo a una escaramuza política. La crisis del INE ha provocado la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, mientras que su propio Órgano Interno de Control ha informado de 16 investigaciones abiertas durante 2025 y 2026, de las cuales 11 corresponden a contrataciones públicas e involucran a funcionarios, particulares y empresas. Se investigan posibles conflictos de interés, simulación de competencia, irregularidades administrativas y eventuales afectaciones al patrimonio público. Nada de esto significa que todos los involucrados sean culpables, pero sí demuestra que estamos frente a un problema de una dimensión que obliga a revisar cuidadosamente las contrataciones realizadas por los organismos electorales del país.
Y aquí es donde aparece Campeche.
En 2021, el Instituto Electoral del Estado de Campeche celebró el contrato DEAPPAP/010/2021 con la empresa Cajas Graf, S.A. de C.V., por 24 millones 180 mil 207 pesos con 54 centavos, destinados a la adquisición de material electoral. La contratación se realizó mediante una licitación pública nacional y quedó registrada en la documentación institucional. Cuatro años después, esa operación adquiere una importancia distinta porque Cajas Graf figura entre las empresas mencionadas en investigaciones periodísticas relacionadas con una presunta red de proveedores que obtuvo contratos millonarios en diversos organismos electorales del país.
Pero hay más. El 14 de marzo de 2024, el mismo Instituto Electoral de Campeche adjudicó a Corporativo Zeg, S.A. de C.V., otro contrato para adquirir material electoral, ahora por 37 millones 867 mil 538 pesos con 80 centavos, IVA incluido. La documentación del procedimiento IEEC-LPN-002-2024 identifica como representante de la empresa a Jesús Octavio García González. Hay un detalle particularmente interesante: en esa misma licitación participó Cajas Graf, la empresa que había obtenido el contrato de 2021, pero su propuesta fue desechada por incumplimientos técnicos. Finalmente, Corporativo Zeg resultó ganadora.
Hasta aquí tenemos dos operaciones que suman exactamente 62 millones 47 mil 746 pesos con 34 centavos. Dos empresas que aparecen en el escrutinio periodístico nacional, dos procesos electorales y una institución pública que tiene la obligación de explicar cómo administró esos recursos. El hecho de que ambas compañías hayan participado en contrataciones del mismo organismo no demuestra que existiera un acuerdo entre ellas. Pero, frente a las investigaciones que se desarrollan en el país, resulta indispensable conocer si existieron relaciones empresariales, representantes comunes, vínculos comerciales o cualquier circunstancia que pudiera haber comprometido la competencia entre proveedores.
Y aquí surge una pregunta que me parece fundamental: ¿cuánto cuesta realmente organizar una elección en Campeche y cómo podemos saber que los precios pagados por los materiales electorales fueron los mejores que podía conseguir el instituto? Porque una cosa es cumplir formalmente con los requisitos de una licitación y otra, muy distinta, demostrar que el dinero de los campechanos fue administrado con eficiencia, economía y absoluta transparencia. No basta con presentar un contrato debidamente firmado. Hay que conocer las cotizaciones, las propuestas económicas, las características de los materiales, las condiciones de entrega, las facturas, los comprobantes de pago y, sobre todo, los resultados de las auditorías.
El problema adquiere una dimensión nacional todavía más preocupante cuando se conocen las cifras de otras entidades. Una revisión de documentos oficiales difundida este 27 de octubre por medios nacionales identifica contrataciones por al menos 482 millones de pesos relacionadas con cuatro empresas proveedoras de materiales electorales en distintos estados y la Ciudad de México. Entre ellas aparecen precisamente Cajas Graf y Corporativo Zeg. Esta última registra operaciones por más de 107 millones de pesos en diversas entidades, incluyendo Campeche. Es decir, no estamos frente a proveedores que participaron exclusivamente en nuestro estado, sino ante compañías con presencia en distintos mercados electorales del país.
La pregunta es inevitable: ¿quién vigilaba estas operaciones? ¿Quién comprobaba que los precios fueran competitivos? ¿Quién revisaba que las empresas participantes no tuvieran relaciones que pudieran afectar la libre competencia? ¿Qué hicieron los órganos internos de control? ¿Qué observaciones formularon las autoridades fiscalizadoras? Y, particularmente en Campeche, ¿qué funcionarios intervinieron en las decisiones de 2021 y 2024 y qué documentos respaldaron sus determinaciones?
No se trata de condenar a nadie anticipadamente. Tampoco de convertir una investigación periodística en un instrumento de persecución política. Los contratos fueron celebrados en distintos momentos, bajo circunstancias administrativas diferentes, y cada procedimiento debe examinarse individualmente. Hasta ahora no contamos con una resolución que acredite que estas dos adjudicaciones campechanas constituyeron actos de corrupción. Precisamente por eso es necesario investigar. Porque tan irresponsable sería declarar culpables sin pruebas como cerrar los ojos frente a información que merece ser examinada.
Hay otro aspecto que tampoco podemos pasar por alto. Durante años hemos escuchado que los organismos electorales necesitan mayores presupuestos para garantizar elecciones confiables, transparentes y democráticas. Y ciertamente organizar elecciones cuesta dinero. Se necesitan boletas, urnas, mamparas, documentación, sistemas informáticos, capacitación y una estructura administrativa que permita recibir y contar los votos de los ciudadanos. Nadie discute esa necesidad. Lo que sí tenemos derecho a discutir es cuánto se paga por esos servicios y materiales, quiénes se benefician de los contratos y si existen mecanismos verdaderamente eficaces para impedir que el presupuesto electoral termine convertido en un negocio privilegiado para unos cuantos.
Porque la democracia no puede convertirse en un negocio de proveedores. Mucho menos en un sistema donde las mismas empresas aparezcan reiteradamente en distintas entidades sin que las autoridades expliquen con claridad las condiciones de competencia. Que una compañía obtenga contratos en varios estados no constituye, por sí mismo, ninguna irregularidad. Pero cuando existen investigaciones nacionales sobre posibles vínculos empresariales y conflictos de interés, la transparencia deja de ser una cortesía administrativa para convertirse en una obligación pública ineludible.
En Campeche tenemos, además, una circunstancia particularmente importante. Estamos a unos meses de las elecciones de 2027, cuando los ciudadanos tendremos que elegir gobernador, diputados locales y autoridades municipales. El Instituto Electoral del Estado de Campeche deberá enfrentar uno de los procesos políticos más importantes de nuestra vida institucional. Y resulta indispensable que llegue a esa responsabilidad con credibilidad, fortaleza administrativa y cuentas claras.
La confianza en una elección no comienza el día en que se instalan las casillas. Comienza mucho antes, cuando se aprueban los presupuestos, se contratan los servicios, se seleccionan los proveedores y se toman las decisiones administrativas que harán posible la jornada electoral. Si existen dudas razonables sobre la manera en que se utilizaron los recursos públicos en procesos anteriores, lo correcto es aclararlas antes de que comience la siguiente contienda. Dejar esas interrogantes sin respuesta solamente contribuiría a alimentar la desconfianza ciudadana.
Por eso considero que el Instituto Electoral de Campeche debe hacer públicos, de manera accesible y completa, los expedientes de ambas contrataciones. No solamente los contratos y las actas de adjudicación, sino también las propuestas económicas, los dictámenes técnicos, las actas de recepción, los comprobantes de pago y las auditorías correspondientes. También debe explicar si existen observaciones pendientes de solventar y qué medidas de control se han adoptado para evitar posibles conflictos de interés en futuras licitaciones.
No menos importante será conocer la actuación del Órgano Interno de Control del propio instituto y de las autoridades fiscalizadoras competentes. Porque las responsabilidades administrativas no terminan con la firma de un contrato. También comprenden la vigilancia de su cumplimiento, la correcta aplicación de los recursos y la obligación de detectar y corregir cualquier irregularidad.
La nueva conducción provisional del INE, encabezada por Blanca Yassahara Cruz, ha anunciado una revisión de las contrataciones y de los mecanismos administrativos del organismo nacional. Es una decisión necesaria frente a la crisis que provocó la salida de Guadalupe Taddei. Pero esa revisión debe servir también como oportunidad para examinar, dentro de las atribuciones legales de cada autoridad, las prácticas de contratación de los organismos electorales locales. No porque todos sean sospechosos, sino porque ninguna institución que administra dinero público debe considerarse ajena al escrutinio ciudadano.
Quiero insistir en algo que considero esencial. Este asunto no debe utilizarse para descalificar anticipadamente al Instituto Electoral de Campeche ni para poner en duda, sin elementos, los resultados de elecciones anteriores. Una investigación sobre contrataciones administrativas no equivale a demostrar una alteración de votos o resultados electorales. Son cuestiones diferentes que deben tratarse con el rigor que exige el periodismo responsable.
Lo que sí podemos afirmar es que existen antecedentes contractuales suficientemente importantes para exigir explicaciones. Y que, frente a una crisis nacional de esta naturaleza, guardar silencio no parece ser la mejor manera de fortalecer la confianza pública.
Campeche necesita instituciones electorales sólidas, profesionales, independientes y transparentes. Instituciones que no respondan a los intereses de un partido, de un grupo político ni mucho menos de determinados proveedores. Instituciones capaces de demostrar, con documentos y resultados, que cada peso recibido del presupuesto público se utiliza exclusivamente para cumplir sus responsabilidades constitucionales.
Durante demasiado tiempo hemos permitido que la discusión política se concentre en quién controla las instituciones, quién coloca a sus allegados y quién obtiene ventajas frente a sus adversarios. Mientras tanto, las cuestiones verdaderamente importantes, como la eficiencia del gasto público, la rendición de cuentas y la calidad de nuestra democracia, suelen quedar relegadas a un segundo plano. Es momento de cambiar esa costumbre.
Sesenta y dos millones de pesos no son una cantidad menor para Campeche. Son recursos públicos cuya utilización debe estar plenamente justificada. Si los procedimientos fueron legales, los precios competitivos, los materiales entregados y las cuentas correctamente comprobadas, que se demuestre y se reconozca. Y si existieron irregularidades, que se investiguen y se determinen las responsabilidades correspondientes, sin importar quiénes hayan intervenido.
Aquí no se trata de fabricar culpables. Se trata de encontrar respuestas. Porque cuando una institución tiene en sus manos la responsabilidad de garantizar que se respete la voluntad popular, su primera obligación es demostrar que también sabe respetar el dinero del pueblo. Y los 62 millones de pesos del Instituto Electoral de Campeche merecen una explicación completa. Antes de las elecciones de 2027, no después.