DOS EXPEDIENTES, UNA ENORME DIFERENCIA: EL FRENTE FEDERAL DE LOS 122 MILLONES
Editorial |
Movimiento Ciudadano ha encontrado una explicación cómoda frente a los señalamientos que pesan sobre la administración municipal de Campeche: la política. Que vienen tiempos electorales, que comienza la sucesión, que existen intereses detrás de las acusaciones y que todo forma parte de una ofensiva contra el gobierno naranja. Y hay que reconocer algo: algunos actores políticos que han tomado este asunto tampoco han ayudado. Han manejado el tema con tal estridencia, con tanta anticipación electoral y con un discurso tan evidentemente partidista, que terminan regalándole a Movimiento Ciudadano el argumento perfecto para presentarse como víctima de una persecución. Pero hay un pequeño gran problema con esa narrativa: la Auditoría Superior de la Federación no es un candidato a gobernador, no compite contra Movimiento Ciudadano y el Informe Individual de la Cuenta Pública 2024 no es propaganda electoral. Es un documento oficial.
Ese documento establece que, de 148 millones 878 mil 700 pesos fiscalizados al Municipio de Campeche, quedaron 122 millones 742 mil 65 pesos con 20 centavos pendientes por aclarar. Estamos hablando de alrededor del 82 por ciento de la muestra revisada. No es una cifra inventada por Morena, no salió del Martes del Jaguar, no la fabricó algún diputado opositor y tampoco nació en una guerra de Facebook. Es resultado de una auditoría federal. Ahí es donde se derrumba el intento de reducirlo todo a una persecución política.
Porque una cosa es el aprovechamiento político que legítima o ilegítimamente puedan hacer los adversarios del Ayuntamiento, y otra completamente distinta son los hechos que originaron el expediente. Confundir ambas cosas resulta conveniente para quien está obligado a explicar el dinero. Que un político utilice electoralmente una auditoría no convierte la auditoría en falsa. Que un adversario grite demasiado no hace desaparecer una observación. Y que estemos acercándonos a una elección tampoco convierte automáticamente 122 millones de pesos pendientes por aclarar en una campaña negra. La discusión importante no es quién denunció. La discusión es qué encontró la ASF.
Antes que cualquier otra cosa hay que poner orden, porque entre declaraciones, audiencias, partidos y acusaciones se están mezclando dos asuntos que no son lo mismo. Una cosa es el procedimiento estatal por presuntas irregularidades superiores a 32 millones de pesos que ha llevado a la presidenta municipal de Campeche, Biby Rabelo, y a otros servidores y exservidores públicos ante un juez de Control; y otra, completamente diferente, es el expediente derivado de la fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación a la Cuenta Pública 2024, donde existen 122 millones 742 mil 65 pesos con 20 centavos pendientes por aclarar por parte del Municipio de Campeche.
No son los mismos millones. No es la misma investigación. No son las mismas autoridades y tampoco están en la misma etapa jurídica. El asunto de los aproximadamente 32 millones se desarrolla en Campeche y ha sido impulsado por instancias estatales. El de los 122.7 millones nace de una auditoría federal. Mezclarlos sería irresponsable; pero pensar que porque hoy todas las cámaras están mirando el expediente estatal el problema federal desapareció sería un error todavía mayor.
Hagamos desde ahora otra precisión indispensable. Las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación no son exclusivas del Ayuntamiento de Campeche. La fiscalización de la Cuenta Pública también contiene observaciones relacionadas con otras entidades públicas, entre ellas instancias del Gobierno del Estado y otros ayuntamientos, cada una con sus propios montos, circunstancias y procedimientos. No vamos a esconderlas ni sería correcto utilizar selectivamente a la ASF para golpear a un solo gobierno. Esos expedientes serán materia de otra entrega, porque merecen ser revisados uno por uno y con exactamente la misma vara. Hoy nos ocupamos del Municipio de Campeche porque éste es el informe que estamos analizando y porque contiene una cifra que, por sí sola, obliga a hacer preguntas: 122 millones 742 mil 65 pesos con 20 centavos.
Movimiento Ciudadano ha intentado colocar alrededor del procedimiento contra Biby Rabelo una narrativa muy sencilla: se acercan las elecciones, vienen tiempos de sucesión y todo esto forma parte de una persecución política contra el gobierno naranja. Y hay que conceder algo: algunos de sus adversarios políticos han colaborado enormemente para que esa percepción exista. La estridencia, las condenas anticipadas, el aprovechamiento partidista y las declaraciones que parecen más propias de una campaña electoral que de un procedimiento judicial han terminado regalándole a MC un argumento formidable para presentarse como víctima.
En el expediente estatal esa discusión existe y tendrá que resolverse donde corresponde: ante las autoridades y los tribunales. Biby Rabelo tiene derecho a defenderse, a controvertir las acusaciones y a demostrar su inocencia. Nadie debería dictarle sentencia desde una tribuna política, un programa de radio o una página de Facebook.
Pero el expediente federal es otra historia. La Auditoría Superior de la Federación no es un candidato a gobernador de Campeche. La ASF no compite contra Movimiento Ciudadano en 2027. El Informe Individual de la Cuenta Pública 2024 no nació de un discurso político local ni de una denuncia lanzada en medio de la sucesión campechana. Es producto de un procedimiento institucional de fiscalización de recursos federales. Por eso resulta mucho más complicado colocar también esos 122.7 millones dentro de la bolsa de la persecución política. Los números son suficientemente contundentes sin necesidad de exagerarlos. La ASF fiscalizó 148 millones 878 mil 700 pesos correspondientes a recursos ejercidos por el Municipio de Campeche y determinó 122 millones 742 mil 65 pesos con 20 centavos pendientes por aclarar. Estamos hablando de aproximadamente 82 pesos de cada 100 incluidos en la muestra fiscalizada. En pocas pálabras, la gran mayoria de los recursos entregados al ayuntamiento de Campeche en el periodo auditado, no han podido ser comprobados. Aquí aparece una diferencia fundamental: no estamos ante alguien que simplemente presentó una denuncia. Hubo una auditoría, revisión de expedientes, observaciones y oportunidad para que la autoridad municipal aportara documentación. El Ayuntamiento respondió. La ASF analizó los elementos presentados y, respecto de los resultados que permanecieron observados, consideró que la información no resultaba suficiente para solventarlos. Entonces la conversación deja de ser exclusivamente política.
Uno de los grandes bloques corresponde a 87 millones 770 mil 972 pesos con 75 centavos, relacionados con seis contratos de adquisiciones y servicios. La ASF encontró deficiencias en la documentación comprobatoria y justificativa. Dependiendo del expediente, aparecen faltantes relacionados con actas de entrega-recepción, evidencia de los servicios prestados, ingreso de bienes a almacenes, inventarios, resguardos, destino final de materiales y evidencia fotográfica. No estamos hablando de conceptos lejanos a la vida cotidiana. Entre los recursos revisados aparecen mantenimiento y operación del alumbrado público, programas relacionados con seguridad y cultura de paz, materiales destinados a pavimentación y rehabilitación en diferentes puntos del municipio y recursos vinculados con sistemas de agua.
Pero el informe contiene un elemento todavía más delicado. La ASF recurrió a información del Registro Público de Comercio y encontró vinculación entre empresas participantes en determinados procedimientos de contratación. En algunos de esos casos promovió acciones para investigar posibles responsabilidades y señaló circunstancias que pudieron tener como objeto o efecto la obtención de un beneficio o ventaja indebida. Existen “comercializadoras” y “empresas” con nombres de amigos, parientes, cercanos etc, que no fueron solventados en el periodo otorgado para ese caso.
La situación vuelve a aparecer en obra pública. En tres contratos —HA-DOP-2024-005, HA-DOP-2024-007 y HA-DOP-2024-009— la Auditoría volvió a advertir situaciones relacionadas con empresas vinculadas entre sí. Además, respecto de tres obras, la documentación y los reportes fotográficos proporcionados no fueron suficientes para validar adecuadamente su terminación. De ahí surge otro monto observado por 34 millones 971 mil 92 pesos con 45 centavos.
Sumemos: 87 millones 770 mil 972.75 más 34 millones 971 mil 92.45.
El resultado vuelve a ser el mismo:
122 millones 742 mil 65 pesos con 20 centavos.
Aquí tenemos que ser extremadamente cuidadosos porque una investigación periodística seria no necesita inventar culpables para ser contundente. La ASF no está diciendo que Biby Rabelo se robó 122 millones de pesos. Tampoco ha determinado judicialmente que esos 122 millones fueron desviados, ni existe por este solo informe una sentencia penal contra nadie. Lo que existe es algo distinto y suficientemente grave: recursos pendientes por aclarar, dos Pliegos de Observaciones y cinco Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, además de señalamientos que deberán seguir los procedimientos establecidos por la ley. Por eso quizá el Ayuntamiento debería prestar tanta atención al expediente federal como al estatal, o incluso más.
El procedimiento estatal de los aproximadamente 32 millones ya está caminando públicamente. Hay abogados, audiencias, acusaciones, defensas, discursos y una batalla política alrededor de él. Sabemos quién acusa y sabemos quién se defiende. El frente federal todavía tiene una historia jurídica por desarrollarse.
Los pliegos de la ASF deben continuar su procedimiento. El Ayuntamiento puede aportar elementos dentro de las vías correspondientes y las observaciones pueden eventualmente solventarse. Pero si no se solventan y durante el seguimiento aparecen elementos que impliquen responsabilidades administrativas, resarcitorias o hechos posiblemente constitutivos de delito, el asunto puede escalar hacia otras instancias federales competentes. Eso no significa que mañana alguien vaya a prisión. Sería irresponsable afirmarlo. Una observación de la ASF no equivale a una sentencia y un probable daño no equivale automáticamente a un delito probado. Pero tampoco significa que no pase nada. Esa es precisamente la dimensión del problema que puede quedar escondida detrás del espectáculo político que hoy rodea el expediente estatal.
Porque si eventualmente el asunto federal escalara, ya no bastaría con señalar al Gobierno del Estado de Campeche. Ya no bastaría con decir que Morena quiere sacar a Movimiento Ciudadano de la competencia. Ya no bastaría con argumentar que estamos en vísperas de una elección. Habría que responder ante las instituciones federales correspondientes. Por eso Movimiento Ciudadano comete un error si pretende meter cualquier cuestionamiento al Ayuntamiento dentro de una sola narrativa de persecución. Pero sus adversarios cometen exactamente el error contrario cuando utilizan anticipadamente las auditorías como sentencias condenatorias. Ambos extremos terminan deformando un asunto que debería ser muchísimo más sencillo: seguir el dinero. Nada más.
Si el Ayuntamiento acredita correctamente los 122.7 millones, si demuestra que los bienes fueron adquiridos y entregados, que los servicios se prestaron, que los materiales llegaron a donde tenían que llegar y que las obras fueron ejecutadas y terminadas conforme a los contratos, habrá que publicarlo con la misma fuerza con la que hoy publicamos las observaciones.
Pero si no logra hacerlo, entonces tendrán que continuar los procedimientos y determinarse las responsabilidades que correspondan. Sin persecuciones. Sin linchamientos. Sin fabricar culpables. Pero también sin esconder expedientes detrás de discursos electorales.
Reiteramos algo porque será importante en las próximas entregas: esto no termina en el Ayuntamiento de Campeche. Hay observaciones de fiscalización que alcanzan otras administraciones y entes públicos, incluyendo instancias estatales y otros municipios. Llegará el momento de abrir esos documentos, revisar sus cifras y hacer exactamente las mismas preguntas. El dinero público debe fiscalizarse con la misma severidad, gobierne Morena, Movimiento Ciudadano o cualquier otro partido. Hoy toca Campeche capital.
Y después de quitar de la mesa a Morena, MC, las elecciones de 2027, las conferencias de prensa, las acusaciones y las defensas, queda una pregunta que ningún discurso político puede responder: ¿Cómo acredita el Ayuntamiento de Campeche el correcto ejercicio de los 122 millones 742 mil 65 pesos con 20 centavos que la Auditoría Superior de la Federación mantiene pendientes por aclarar?
Como ha quedado claro, este documento editorial esta sustentado con datos duros, numeros de expediente, pruebas y todo lo que esta en el expediente armado por la Auditoria Superior de la Federacion y privilegia en todo momento la presuncion de inociencia, pero tambien señala contundetemente lo que nadie mas dice por temor o cualquier otra situacion. Lo conducente y correcto para cualquier ciudadano que petenda discutirlo o descalificarlo, es presentar las pruebas de que lo que aquí se expone no es correcto; pero, estamos en Campeche y muy seguramente nadie se va a enfocar en el fondo de este asunto y se va a agredir, difamar etc a quien lo ha desarrollado; pero, lo que es una realidad es que se podfra hacer todo el ruido que se quiera en redes y se podra tratar de descalificar a quienes alzan la voz, pero tarde o temprano, el largo brazo de la federacion va a caer sobre quienes hayn cometido irregularidades o hayan desviado los recursos economicos del pueblo de Campeche.